El Ministerio Público se refirió a la emergencia en mina de oro ilegal, al parecer por acumulación de gases, incidente que dejó tres muertos y seis heridos.
Insistió llamado urgente a las autoridades para tomar medidas inmediatas en la formalización minera y protección ambiental.La Procuraduría General de la Nación lamentó la tragedia en California, Santander, una emergencia al parecer ocasionada por la acumulación de gases en una mina ilegal de oro, que dejó tres muertos y seis heridos y que, según el ente de control, el lamentable incidente pudo ser prevenido por las autoridades competentes.Refirió el Ministerio Público que, desde mayo 2022, viene generado alertas y llamados a todas las entidades competentes para que, en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tomen decisiones para la formalización minera y la eliminación del uso de mercurio en este territorio, objetivos que no han tenido avances significativos por parte del Gobierno Nacional.Detalló que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha incumplido los acuerdos derivados de los procesos de concertación para la delimitación del Páramo de Santurbán y tampoco ha retomado la agenda de las mesas permanentes para la pequeña minería, la diversificación económica y cuidado del agua. Por su parte, el compromiso de la construcción de una propuesta para un pacto de habitabilidad del páramo, adquirido por el Ministerio de Minas y Energía en una mesa territorial convocada por la procuraduría, tampoco ha tenido resultados tangibles.Frente a esto, para el órgano de control es imperativo convocar la IV Mesa Territorial en Santander, la cual se realizará el próximo 6 de junio, en el marco de la “Estrategia Nacional para el Control de la Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio”, para revisar los avances en formalización minera, los índices de contaminación por mercurio en el recurso hídrico y las afectaciones en el medio ambiente y en la salud de los habitantes que se benefician de los servicios ecosistémicos del río Suratá.Finalmente, el órgano de control, a través de la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios reiteró con urgencia la necesidad de tomar medidas para combatir la actividad ilícita, garantizando la seguridad y la integridad de las familias mineras del municipio de California, cuya vocación minera tiene más de 400 años.
