Así los revelaron autoridades en el desarrollo de una audiencia en la Corte Constitucional, donde indicaron que en la actualidad están vigentes más de 32 mil procesos de colombianos que solicitan el traslado de los fondos privados a Colpensiones.
Frente a este panorama, José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, dijo que en caso de autorizar estos traslados, el Estado tendría que asumir $53 billones de pesos: $18.5 billones en reclamos de pensionados y $35 billones en estimaciones de próximos a pensionarse.
“Sí genera un impacto, es un déficit fiscal sumado de 53 billones y un pago anual en los primeros cinco años que presionaría el presupuesto de la Nación por lo menos en un billón adicional como resultado de esa eventual decisión… esto tiene un costo de una eventual inestabilidad del sistema de pensiones, de una inestabilidad del sistema financiero colombiano y por qué no, la liquidación y quiebra de las administradores de fondos de pensiones“, advirtió Restrepo.
Por su parte, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, advirtió que la eventual aprobación de los traslados podría afectar la credibilidad en la política económica del Gobierno, por el alto nivel de deuda.
“Esto debilita la posición fiscal y pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas a partir de una situación dónde la deuda ya es alta. Y el país tiene serías dificultades para moderarla. Esto aumenta la vulnerabilidad de la economía colombiana y puede afectar la credibilidad del marco general de la política económica. Se puede elevar el costo del financiamiento del gobierno, de los hogares y las empresas“, sentenció Villar.
Por otro lado, Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), advierte que los traslados costarían $46 billones de pesos y terminarían beneficiando en subsidios a los pensionados de más altos ingresos.
“Estamos en una situación totalmente insostenible y una decisión como estás empeoraría la desigualdad del ingreso en Colombia e impondría una carga fiscal muy grande, una carga de impuestos muy grande, no sólo para nosotros sino para generaciones venideras (…) el 74% de esos subsidios, cerca de 34 billones de pesos, irían a los más ricos de la población. Para los más pobres quedaría sólo el 1%. Esto sería una tragedia, estaríamos incrementando la desigualdad en Colombia“, puntualizó.
La Corte Constitucional realizó una audiencia por la revisión de 19 tutelas que tienen algo en común: son colombianos que denuncian que no recibieron la suficiente información o asesoría cuando trasladaron su ahorro pensional del Seguro Social o de Colpensiones a los fondos privados.
El traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual es un tema polémico pues algunos afectados ya han calculado que se pensionarán con montos inferiores que no cumplen sus expectativas.
