Se tratan de los senadores Alexánder López Maya y Wilson Arias, ambos del opositor partido Polo Democrático Alternativo (PDA), y la representante a la Cámara María José Pizarro, de la izquierdista lista de la Decencia, a quienes la Procuraduría colombiana abrió investigación disciplinaria a tres congresistas por supuestamente intervenir irregularmente en procedimientos realizados por la Policía durante las manifestaciones contra el Gobierno que comenzaron el pasado 28 de abril.
Acorde a lo informado por el Ministerio Público mediante un comunicado, señala que los investigados son “dos miembros del Senado y una integrante de la Cámara de Representantes”.
La denuncia ciudadana señala que López intervino en un procedimiento policial contra personas que, supuestamente, estaban cometiendo actos de vandalismo el pasado primero de mayo, en Cali, capital del agroindustrial departamento del Valle del Cauca (suroeste).
Quejas de ciudadanos también dan cuenta de que Arias supuestamente intervino en un procedimiento que hacía la Policía en Cali el 30 de abril.
Cali es la ciudad más afectada por los vándalos que han atacado edificios públicos y privados, destruido autobuses y estaciones del sistema de transporte público, saqueado comercios y atacado a la Policía, entre otros delitos, durante las protestas que comenzaron el 28 de abril.
La investigación a Pizarro es por supuestamente haber utilizado su investidura para intervenir en procedimiento policial de control a manifestantes que protestaban el 5 de mayo a las afueras del Congreso, en Bogotá.
Las protestas en Colombia se originaron en rechazo a la reforma tributaria, que fue retirada por el Gobierno, lo que no fue suficiente porque ahora las exigencias del paro piden un cambio de orientación en la política económica y social del presidente colombiano, Iván Duque.
Por otro lado, la Procuraduría adelanta 127 “actuaciones disciplinarias” contra funcionarios de la fuerza pública, con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta.
El documento explica que entre el 28 de abril y el 1 de junio también se siguen 10 casos contra otros funcionarios públicos, entre ellos una investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de procedimiento de la Policía.
Las protestas dejan al menos 20 muertos, según cifras de la Fiscalía. Sin embargo, organizaciones como Temblores señalan que han sido registrados 45 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública.
D.A.
