Un tribunal negó la solicitud de libertad presentada por la defensa del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en medio del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción en la **Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres> (UNGRD).
El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, seguirá privado de su libertad en medio del proceso penal que se le adelanta por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esto luego de que el Tribunal de Bogotá negara el recurso de habeas corpus que había presentado el nuevo equipo de defensa del exministro, al considerar que no se había definido la apelación presentada en contra de la medida de aseguramiento que se le impuso el 18 de diciembre de 2025.
Fuentes cercanas al expediente manifestaron que en los próximos días se fijará la fecha de la audiencia en la que se resolverá el recurso de apelación.
Por cuestiones de seguridad, Bonilla González se encuentra privado de su libertad en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el noroccidente de Bogotá.
Pese a que la Fiscalía General había solicitado la detención domiciliaria en contra del exministro, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Alexandra Rosero, concluyó que, por la gravedad de los hechos investigados y los cargos que ostentaba Bonilla, la medida adecuada era la privativa de la libertad en centro carcelario.
El exministro de Hacienda será acusado ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
El ente investigador ha señalado que en el año 2023, Ricardo Bonilla, siendo Ministro de Hacienda, tuvo conocimiento preciso sobre la forma en cómo se iban a direccionar contratos que estaban en poder tanto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Esto con el fin de favorecer a los congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y lograr así que, antes que finalizara el periodo legislativo, convocaran la votación de proyectos en los cuales el Gobierno tenía un especial interés.
El proceso contra el exministro Bonilla tiene como columna vertebral las pruebas y declaraciones que entregó la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides Soto, y que han sido reveladas por SEMANA en varios reportajes.
“El ministro Bonilla le solicitó a Olmedo López tramitar en la UNGRD proyectos contractuales en los que los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya se habían interesado ilícitamente”, señaló la fiscal del caso en la imputación.
“Desde mayo de 2023 hasta mediados de 2024, ustedes —en referencia a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco— se concertaron entre sí con personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que le permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”, precisó la fiscal delegada.
En este sentido, señaló que para lograr esto se generó un “pacto criminal”, por medio del cual se “ofrecieron y acordaron ilícitamente con senadores y representantes direccionar contratos, proyectos o convenios que se adelantaban en el Invías o la UNGRD, a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones”.
