En medio del debate por el aumento del salario mínimo del 23 % decretado por el gobierno de Gustavo Petro para 2026, se conoció una nueva acción judicial que solicita suspender de manera provisional el ajuste mientras se resuelve el fondo del asunto.
La tutela fue interpuesta en Bogotá el 8 de enero por Alexander Donato Rondón, representado por el exmagistrado Alejandro Linares Cantillo, y cuestiona los Decretos 1469 y 1470 de 2025, que fijaron el salario mínimo en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095, respectivamente. Con ambos componentes, la remuneración alcanza los $2.000.000, sin contar cargas para el empleador.
El recurso alega que el Gobierno vulneró el derecho al debido proceso y el principio de concertación tripartita, ya que la decisión no habría sido debatida adecuadamente con los actores involucrados. Además, sostiene que el incremento afectará de manera inmediata a micro, pequeñas y medianas empresas, que podrían verse obligadas a reducir empleos o jornadas, y a los trabajadores informales, quienes enfrentarían presión por mayores precios y menor acceso a empleo formal.
La tutela también advierte sobre posibles efectos fiscales negativos: un incremento del déficit fiscal estimado en 5,3 billones en 2026, según el documento, y el riesgo de menor recaudación tributaria por renta. El accionante, un comerciante de 61 años con un pequeño negocio, enfatiza que este tipo de unidades productivas no pueden absorber incrementos abruptos en costos operativos.
El juez que revise la tutela deberá decidir si concede la medida provisional, que impediría la aplicación del aumento mientras se determina la validez de los decretos, buscando evitar perjuicios que, de consolidarse, serían difíciles de revertir en términos de empleo, costos y precios.
