La segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, anunció que solicitará de manera formal al Gobierno de Ecuador su colaboración para esclarecer los distintos escenarios y versiones que han surgido en torno a la reciente visita del presidente Gustavo Petro a ese país.
A través de un pronunciamiento público, la congresista expresó su preocupación ante informaciones no confirmadas que vinculan al mandatario colombiano con una supuesta reunión con un capo criminal de alto perfil en territorio ecuatoriano.
“Preocupa especialmente la posibilidad de una reunión con uno de los grandes capos criminales de ese país, lo cual constituiría un hecho de extrema gravedad que incluso podría atentar contra la soberanía de nuestra nación hermana”, afirmó Garrido.
La congresista, del partido Cambio Radical, enfatizó que no se trata de una acusación directa sino de un llamado a la transparencia y a la cooperación entre Estados, ante la creciente difusión de versiones que podrían afectar las relaciones bilaterales.
Garrido anunció que enviará una comunicación oficial al gobierno de Ecuador, solicitando información clara y precisa sobre los encuentros sostenidos durante la visita del presidente Petro, así como los actores con los que tuvo contacto.
Contexto y repercusiones
Aunque la Presidencia de Colombia no ha emitido comentarios oficiales sobre estas versiones, sectores de la oposición han pedido claridad ante lo que consideran una situación delicada que podría comprometer la imagen del país y su política exterior.
El llamado de la vicepresidenta Garrido se da en medio de un ambiente de tensión política interna y de creciente presión sobre el Ejecutivo, tras otros episodios recientes que han generado controversia en el ámbito diplomático.
Hasta el momento, ni la Cancillería ni el gobierno ecuatoriano han confirmado o desmentido la versión de una supuesta reunión con actores criminales, lo que ha alimentado la especulación en redes sociales y medios alternativos.
La representante concluyó su intervención reafirmando la necesidad de proteger la institucionalidad y el prestigio internacional del Estado colombiano
