En firme quedó la condena a 40 años de prisión que impuso la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá contra el excomandante de inteligencia de la XIII Brigada del Ejército, coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano y el segundo comandante, mayor retirado Óscar William Vásquez Rodríguez, por la desaparición forzada agravada de Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, entonces empleados de la cafetería del Palacio de Justicia y la guerrillera del entonces M-19, Irma Franco.
Asimismo, la decisión revocó la absolución de los sargentos retirados Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Causayá Peña, a quienes condenaron a 40 años de prisión.
Según la sala penal del Tribunal Superior, es claro que los suboficiales también actuaron con conocimiento de un plan criminal que culminó con la desaparición de estas personas.
“El plan criminal que se elaboró usando como marco referencial el Plan Tricolor invocado y comunicado por algunos de sus superiores, sus conocimientos y pertenencia al grupo del B-2, lo llevó a actuar de manera activa en el lugar en el que abiertamente se adelantó el primer filtro de sospechosos. Hizo parte de la elaboración de las listas de los liberados como autoridad del Ejército Nacional en el primer piso frente a quienes salían del Palacio de Justicia”, señala la providencia.
Además, reprocha el Tribunal que los entonces integrantes del Ejército estuvieron en la posibilidad, en el deber real y material de obrar en consonancia con el marco jurídico, pero optaron por ejecutar la conducta criminal, con conciencia plena. De manera que, se ha de revocar la decisión de primera instancia, para, en su lugar, condenarlos por las conductas que fueron acusados por la Fiscalía.
Los oficiales se presentaron ante la JEP, pero hasta ahora no hay una decisión en firme que le impida al Tribunal proferir la sentencia condenatoria, de la cual podrán interponer el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
A pesar que los suboficiales fueron condenados en segunda instancia, podrán interponer el recurso de impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia, que definirá en últimas si van o no a la cárcel.
