La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Corte Constitucional, dentro del marco de una demanda contra el Código Civil y la ley 1306 de 2009.
Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación sostuvo que el Congreso de la República debe crear leyes y normas encaminadas a eliminar “las uniones tempranas, así como el matrimonio infantil, precoz y forzado”.
Ese pronunciamiento se lee en el texto del concepto que envió Cabello a la Corte Constitucional, en el marco del estudio de una demanda contra el Código Civil y la Ley 1306 de 2009 sobre la protección de personas con discapacidad mental, que permite esas uniones entre menores de 14 años.
Para la procuradora es fundamental que se elimine “el matrimonio infantil, precoz y forzado”, con el fin de proteger a los menores de edad, sobre todo las mujeres.
“Que sea el Congreso quien asuma el rol de regular a fondo los instrumentos legales necesarios para erradicar la violencia de género y los abusos que se puedan generar sobre los menores de edad, particularmente sobre la absolución del matrimonio infantil, precoz y forzado, garantizando la coherencia en el ordenamiento y los derechos reconocidos a los adolescentes”, destaca uno de los apartes del concepto.
De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las uniones tempranas en matrimonio “impiden el desarrollo armónico de los niños, niñas y adolescentes”, mientras reconoció que es una práctica que sigue siendo una realidad en las regiones más apartadas y pobres del país.
“De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS, 2015), el 13.3% de las niñas y adolescentes encuestadas viven en unión temprana. Esta situación se incrementa en las zonas rurales, donde el porcentaje asciende al 21.5% de las niñas y adolescentes”, advirtió Bienestar Familiar.
Esa entidad señaló que “un 43.5% de las niñas y adolescentes en unión temprana, son seis años menores que su pareja. Esto significa que casi la mitad de las adolescentes pueden experimentar un desequilibrio de poder con respecto a su pareja, lo que está asociado a un aumento en el riesgo de sufrir violencia sexual, explotación y discriminación”.
