Se trata de dos proyectos que tienen como propósito democratizar el acceso a la carrera oficial en la Policía Nacional y su sistema de ascensos; así como prevenir y sancionar los abusos en la actividad de Policía y el uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones públicas.
Para la senadora María José Pizarro, ahora más que nunca se requiere dar trámite a la Reforma a la Policía. “Quienes hemos venido insistiendo a través de denuncias, debates de control político y proyectos de ley, reiteramos a este nuevo Gobierno y Congreso la necesidad de abordar la inminente necesidad de transformar la Fuerza Pública”. Además indicó: “esperamos adelantar este año las primeras audiencias con la ciudadanía y la misma Policía para nutrir y fortalecer el proyecto y contar con el respaldo de la Fuerza Pública, las organizaciones y víctimas de violencia policial”.
“Con la democratización de la Policía lo que queremos es romper con el clientelismo que hay dentro de la institución, para que así cualquier integrante pueda hacer su carrera sin necesidad de tanta burocracia” señaló el senador Inti Asprilla.
Democratización del sistema de ascensos
Uno de los proyectos busca democratizar el acceso a la carrera de oficial en la Policía Nacional de Colombia, removiendo barreras económicas que obstaculicen el ingreso y permanencia a los programas de educación, para facilitar el ascenso de los miembros de la policía del nivel ejecutivo al nivel oficial.
En ese sentido, se busca establecer un sistema de ingreso a la carrera de oficial de la Policía Nacional que permita calcular el costo de la carrera por medio de un sistema que tenga en cuenta los factores socioeconómicos de quienes se presenten a la carrera de oficial.
El proyecto plantea a su vez, que la dirección de educación policial cree un programa de acceso gratuito a las y los patrulleros y miembros del nivel ejecutivo que busquen obtener un título académico de técnico, tecnólogo o profesional con intenciones de ascender al nivel oficial.
Prevención de los abusos en la actividad de Policía
Se busca prevenir y sancionar los abusos en la actividad policial y el uso desproporcionado de la fuerza en contextos de manifestaciones pública; que vulneran derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales sobre derechos humanos y las Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza.
Asimismo, prohíbe y sanciona como falta gravísima el uso de armas cinéticas, escopeta calibre 12, porte de armas de fuego, uso de fuerza letal y dispositivos de control eléctrico en manifestaciones pacíficas; regula las fases de actuación en estos contextos y la calidad que deben tener los miembros del ESMAD, o la entidad que haga sus veces, para poder participar en operativos de acompañamiento e intervención en manifestaciones públicas.
También establece una serie de principios, seguimiento y evaluación al uso de la fuerza, por medio de una mesa integrada por los Ministerio de Defensa, Interior y la Defensoría del Pueblo con la participación de la sociedad civil.
Finalmente, crea la figura del Comisionado Nacional de Policía para supervisar internamente el funcionamiento de la entidad.
Parte de lo acá expuesto recoge propuestas planteadas en Mesas de Trabajo conformadas por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, que buscan garantizar los derechos fundamentales que se ejercen en contextos de movilizaciones públicas y pacíficas.
