El Consejo Superior de Política Criminal emitió un concepto negativo sobre el proyecto de ley 025 de la Cámara de Representantes, que busca que adolescentes entre 14 y 18 años que cometan delitos graves sean juzgados bajo las mismas reglas que los adultos.
La entidad advirtió que esta iniciativa desconoce el carácter protector, restaurativo y educativo de las sanciones en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, así como la necesidad de un tratamiento diferenciado para los menores infractores.
Si bien el concepto no es vinculante, sirve de orientación para la política pública y deja en manos del Congreso la decisión final sobre el futuro de la iniciativa.
En contraste, el Consejo respaldó el proyecto que fortalece la figura de la legítima defensa privilegiada para mujeres víctimas de violencia de género, de manera que pueda ser invocada en casos de agresiones continuas. Sin embargo, sugirió ajustes técnicos desde la dogmática penal para facilitar el debate legislativo.
“Respaldamos la propuesta sobre legítima defensa de mujeres víctimas de violencia, aunque recomendamos mejorar algunos aspectos técnicos del texto para que avance en el Congreso”, señaló Francisco Bernate Ochoa, presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal.
El Consejo está integrado por el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo y un grupo de asesores.
