El Consejo Gremial Nacional expresó su rechazo al decreto del Gobierno que fijó un incremento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026, incluido el auxilio de transporte, al considerar que la medida no contribuye a reducir la informalidad laboral ni la pobreza y, por el contrario, podría agravar la situación fiscal del país.
A través de una carta pública, el gremio aseguró que la decisión fue adoptada sin un sustento técnico suficiente y resulta incoherente con la actual realidad económica y fiscal de Colombia. Según el Consejo, el aumento genera mayor incertidumbre para la creación de empleo formal, la inversión y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La organización, que agrupa a sectores como Acolfa, Acolgen, Acopi, Analdex y Anato, insistió en que los ajustes al salario mínimo deben basarse en criterios técnicos verificables como la productividad, la inflación y la capacidad real de pago de las empresas y del sector público.
En la carta también se citan advertencias del Banco de la República sobre los efectos de un incremento elevado del salario mínimo, señalando que este tendría impactos directos sobre la inflación, las finanzas públicas y las reservas pensionales, tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro individual. Además, alertan sobre el aumento en los costos de bienes y servicios indexados al salario mínimo, como la vivienda de interés social, el transporte, tarifas y multas.
El Consejo Gremial respaldó su postura con cifras del DANE, indicando que en 2025 el número de personas que ganan menos de un salario mínimo aumentó en 1,23 millones frente a 2024. Según datos de la GEIH a octubre de 2025, la informalidad laboral alcanza a 13,6 millones de personas, con un incremento de 732 mil trabajadores en el último año.
“Aumentos desmedidos en el salario mínimo no contribuyen a resolver el problema de la informalidad laboral, que es la verdadera precarización del trabajo, ni el de la pobreza”, señala el documento.
Finalmente, el gremio calificó de “irresponsable e incoherente” que el Gobierno haya declarado una emergencia económica por un faltante de financiación del Presupuesto General de 2026 cercano a los $16 billones y, al mismo tiempo, decretara un aumento del salario mínimo que, según sus estimaciones, podría generar un impacto superior a los $9 billones en costos laborales y obligaciones asociadas, afectando aún más la situación fiscal y el futuro del mercado laboral colombiano.
