El Consejo Gremial Nacional (CGN) manifestó este viernes su rechazo categórico al decreto expedido por el presidente Gustavo Petro que convoca a una consulta popular, calificándolo como “inconstitucional” y una violación al principio de separación de poderes consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política.
En un comunicado oficial, la entidad que agrupa a los principales gremios económicos del país alertó que esta medida presidencial “vulnera abiertamente” uno de los pilares del Estado democrático, al pretender suplantar al Congreso, que actualmente sigue tramitando la Reforma Laboral, la cual contempla aspectos similares a los propuestos en la consulta.
“Ninguna rama del poder público puede desconocer o suplantar las decisiones adoptadas por otra sin comprometer la legalidad, poner en riesgo la estabilidad institucional y debilitar el sistema de frenos y contrapesos que garantiza el equilibrio entre poderes”, expresó el CGN.
Los gremios advirtieron que actuar en contravía de la separación de poderes representa un “precedente peligroso” en términos de concentración indebida del poder y cuestionaron el momento en que se toma esta decisión, calificándolo de “profundamente inconveniente” dada la actual polarización política y social que atraviesa el país.
“Con este acto, el Presidente no solo agudiza la confrontación, sino que incumple su mandato constitucional, del que él simboliza la unidad nacional”, señaló la organización.
Asimismo, el CGN hizo referencia a otros factores que, a su juicio, se ven agravados por la decisión del Ejecutivo, como la suspensión de la regla fiscal y los problemas de seguridad en varias regiones, entre ellas Bogotá, el Cauca, el Valle del Cauca y los Santanderes.
Finalmente, el Consejo reiteró su llamado a la institucionalidad y al respeto del orden jurídico:
“Colombia necesita instituciones fuertes, decisiones responsables y un liderazgo que privilegie el respeto por la ley y por la vida y honra de las personas que piensan distinto”.
La legalidad del decreto será ahora objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, que deberá determinar si el presidente actuó dentro de sus competencias o si, como advierten varios sectores, hubo extralimitación de funciones.
