Un proceso de responsabilidad fiscal abrió en los últimos días la Contraloría General de la República por valor de $70.243 millones por las presuntas irregularidades en el contrato de instalación de puntos digitales firmado por el Ministerio de las TIC Y la Unión Temporal Centros Poblados.
Los vinculados a este proceso son Adriana Vanessa Meza Consuegra, representante legal delegada de FunTIC y secretaria general de Ministerio, Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual y Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien era director de infraestructura de esta cartera y, además, el supervisor del contrato 1043 firmado con el consorcio.
En cuanto a Unión Temporal, se investigará por su posible responsabilidad fiscal a las cuatro empresas que hacen parte de la misma, entre ellas: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Building Constructora
La Contraloría también incluye en este proceso a la firma SES Colombia, encargada de revisar la documentación, pólizas y garantías del contrato.
La investigación, según la Contraloría, se adelanta en cumplimiento del artículo 16 de la ley 610 del año 2000.
Así mismo, el ente de control anunció que se adelantan diligencias de versión libre y práctica de pruebas para llegar a una decisión de fondo por la mala ejecución de los recursos públicos.
