El ente de control detectó miles de contratos directos en sectores no exceptuados y alertó sobre recursos destinados a eventos y publicidad
La Contraloría General de la República alertó sobre la firma de 6.292 contratos directos por un valor superior a $2 billones en sectores no exceptuados, luego de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que restringe este tipo de contratación durante el periodo previo a las elecciones.
Según el informe, los contratos fueron suscritos desde el 31 de enero hasta la fecha de corte del análisis, en áreas como sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos, que encabezan el listado de compromisos reportados.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, señaló que la entidad actúa como garante técnico de la correcta destinación de los recursos públicos y no como actor político. “Nuestra función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, manifestó.
Recursos asociados a fines políticos
Uno de los puntos que más llamó la atención del ente de control fue la destinación de más de $31.000 millones a contratos relacionados con eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas y logística, conceptos que podrían tener impacto en el escenario electoral.
La Contraloría informó que, entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026 —antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías— se identificaron 17.841 contratos directos por más de $1,68 billones con objetos similares.
Posteriormente, entre el 31 de enero y el 27 de febrero de este año, ya en plena vigencia de la norma, se reportaron 368 contratos directos relacionados con estos fines por $31.959 millones.
Excepciones previstas en la ley
El organismo recordó que la Ley de Garantías contempla excepciones para sectores como salud, defensa y seguridad, así como para contratos vinculados a situaciones de emergencia, desastre, urgencia manifiesta o crédito público.
En total, el informe analizó 25.685 contratos por un valor cercano a $2,8 billones, de los cuales —según el ente de control— la mayoría no se encontraba dentro de las excepciones previstas por la normativa.
La advertencia se produce en medio del proceso electoral en curso y abre un nuevo debate sobre la vigilancia al gasto público durante periodos de restricciones contractuales.
