La Contraloría General de la República reveló que en lo corrido del año 2025 se han detectado hallazgos fiscales por más de $14.290 millones en auditorías realizadas a los Planes Departamentales de Agua (PDA) en distintas regiones del país.
Estos hallazgos se suman a una preocupante tendencia: desde el año 2020 hasta la fecha, el ente de control ha identificado irregularidades fiscales superiores a los $259.460 millones en el manejo de estos programas, que buscan garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento básico en los departamentos.
Los resultados preliminares de la auditoría 2025 alertan sobre posibles ineficiencias en la ejecución de recursos públicos, retrasos injustificados en obras, contratos sin cumplimiento de objeto y deficiencias en la supervisión técnica y financiera de los proyectos.
La Contraloría anunció que se adelantarán procesos de responsabilidad fiscal y se notificará a las entidades competentes para que se determinen posibles sanciones administrativas o disciplinarias.
Este nuevo informe vuelve a poner en el centro del debate la gestión de los recursos destinados al agua potable, un servicio esencial que, en muchas regiones del país, aún presenta graves falencias en cobertura y calidad.
