- En la cárcel de Girón se invirtieron más de $99 mil millones y tuvieron que pasar 6 años para terminar sus obras de ampliación.
- Retrasos en la ejecución del contrato de la cárcel de Ipiales. No se ha hecho entrega de la obra al INPEC y se determinó un posible detrimento patrimonial de $84.659 millones.
- Se evidencia falta de coordinación de la USPEC y el INPEC con la consiguiente demora en la entrega de los proyectos.
Una Actuación Especial de la Contraloría General de la República a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) permitió determinar 2 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor total de $183.940 millones de pesos, relacionados con la ampliación y habilitación de nuevos cupos en las cárceles de Girón (Santander) e Ipiales (Nariño).
El hallazgo fiscal en el caso del establecimiento penitenciario de Girón es de $99.281 millones y en el de Ipiales llega a $84.659 millones.
Al momento de finalizar esta auditoría no se habían puesto en funcionamiento los nuevos pabellones de ambas cárceles. En las semanas siguientes a la liberación del informe, entró en operación la infraestructura de Ipiales y se espera que la próxima semana suceda lo mismo con la de Girón, lo que cambiaría estos hallazgos por beneficios de auditoría, explicó el Contralor Delegado para el Sector Justicia, Sebastián Montoya.
Cárcel de Girón: 6 años de obra y $99 mil millones invertidos
La no entrega oportuna de las obras de la cárcel de Girón (Santander) al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), estaba impidiendo la habilitación de 752 cupos de Personas Privadas de la Libertad (PPL) para disminuir los niveles de hacinamiento presentados, que en establecimiento presentan una tasa del 25%
Un hecho sobre el cual llamó la atención la Contraloría es que se presentó una falta de coordinación entre el USPEC e INPEC que hizo que, después de 6 años y $99 mil millones invertidos, no se hubiera hecho entrega de ningún cupo y se incumpliera el objeto social.
Al evaluar este proyecto, el organismo de control encontró debilidades en la consecución de permisos y licencias ambientales, así como deficiencias en su planeación, programación y supervisión.
Cárcel de Ipiales: hacinamiento del 61%
En cuanto a la Actuación Especial a la USPEC sobre la ampliación de la cárcel de Ipiales y el avance presupuestal y físico del Proyecto de Sistema Modulares en las cárceles de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena e Itagüí, la Contraloría estableció un total de 10 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen presunta connotación disciplinaria y 1 posible incidencia fiscal (el de la cárcel de Ipiales).
Los auditores realizaron seguimiento a la entrega de obra del proyecto de construcción y ampliación de infraestructura de la cárcel de Ipiales (contrato 401 del 2014), con el fin de determinar si la contratación cumplió con los principios y finalidades de la función administrativa, así como los fines y principios de contratación.
Como resultado de la actuación especial realizada, la Contraloría General de la República encontró que ha habido retrasos en la ejecución de este contrato y no se ha hecho entrega de la obra al INPEC, razón por la cual no se encuentran habilitados a la fecha los 608 nuevos cupos previstos, por lo que se emitió un concepto NO CONFORME al no cumplir con la finalidad inicial de la contratación que era habilitar los mismos para disminuir los niveles de hacinamiento presentados. La tasa de hacinamiento en este centro penitenciario es de del 61%.
Las obras se debían haber entregado el 31 de diciembre de 2019. Ya se terminaron, pero el Centro Penitenciario y Carcelario no se ha puesto en funcionamiento, debido a que el INPEC no recibió la obra como tal, por diferencias técnicas de forma y de fondo que se están subsanando.
Cárceles modulares
En cuanto a los hallazgos en los proyectos de Construcción y Dotación de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria Modular, se destacan los encontrados a las cárceles de Cómbita y Pereira.
En el caso de la cárcel de Cómbita, en desarrollo de la Actuación de la Contraloría se establecieron 6 hallazgos, de los cuales 1 tiene presunta connotación disciplinaria. Se detectaron deficiencias en la planeación del contrato al no definir el alcance de la necesidad y los recursos que demandaría, lo que ha conllevado a adiciones en tiempo y recursos para contratar nuevos ítems u obras inicialmente no previstas, lo que conllevó a incrementar el presupuesto inicial en el 575%.
Y en cuento a la nueva cárcel de Pereira, se encontró 1 hallazgo con presunta connotación disciplinaria. Se evidencian deficiencias en las actividades correspondientes a la etapa de planeación y en la supervisión e interventoría, lo cual ocasionó demoras en la ejecución de la etapa de pre construcción y por ende del proyecto, haciendo más gravoso el hacinamiento carcelario en la región.
