Carlos Felipe Córdoba Contralo General, fue quien confirmó esta tarde que ordenaron embargar las cuentas hasta por $140 mil millones de pesos de todos los involucrados en el proceso de responsabilidad fiscal que abrió el organismo por las irregularidades en el contrato entre el Ministerio de las Tecnologías y la Unión Temporal Centros Poblados.
De esta manera y facultado por la ley facultó, la Contraloría General ordenó el embargo por el doble del monto del anticipo entregado al contratista, por $70 mil millones de pesos, pues actualmente no se sabe en qué se ejecutaron esos recursos o si fueron malversados.
El embargo cobija las cuentas de la secretaria general del Ministerio de las TIC, Adriana Meza; la subdirectora de gestión contractual del Ministerio, Sandra Orjuela. El supervisor del contrato y actual director de infraestructura del Viceministerio de Conectividad, Camilo Jiménez Santofimio. Las cuatro empresas que integran la Unión Temporal Centros Poblados; la interventoría a cargo del Consorcio PE2020 C Digitales y la fiduciaria BBVA Asset Management.
