La Contraloría General de la Nación reveló hallazgos fiscales por $593.737 millones en la administración del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la mayoría relacionados con Electricaribe, empresa aún en proceso de liquidación.
De acuerdo con el informe, $593.352 millones corresponden a la omisión de la actualización e indexación de sumas pactadas en contratos suscritos con Electricaribe, específicamente en los contratos de mutuo Nos. 134, 141 y 146, donde no se aplicaron las actualizaciones correspondientes con el IPC del año anterior ni se cobraron los intereses moratorios estipulados.
La Contraloría señaló que se detectó una situación similar en otros contratos donde se fijaron plazos de pago de hasta 12 meses y, tras vencerse estos términos, Electricaribe debía pagar intereses por mora. Sin embargo, el Fondo Empresarial no realizó los procedimientos necesarios ni tomó medidas de cobro oportuno, lo que compromete la adecuada gestión de los recursos públicos.
El órgano de control advirtió que esta situación podría afectar la capacidad de recuperación del capital prestado, poniendo en riesgo la sostenibilidad del Fondo Empresarial como mecanismo de apoyo a empresas de servicios públicos intervenidas en el país.
Además, la Contraloría identificó un debilitamiento estructural del control interno del Fondo, calificándolo como “con deficiencias” por fallas en conciliaciones bancarias, ausencia de soportes en pagos, falta de garantías para respaldar obligaciones y un aumento en el riesgo de impago.
Por ello, instó al Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial a presentar un plan de mejoramiento con medidas correctivas concretas que garanticen la protección de los recursos públicos involucrados.
