Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional decidió tumbar el decreto que declaraba emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.
Con este fallo, el tribunal determinó así inexequible el decreto. Sin embargo, dio un año para que el Gobierno, junto con las entidades y autoridades regionales, solucionen y legislen normas para atender la crisis.
Asimismo, la Corte dejó en su fallo efectos diferidos, es decir, para que no se sigan presentando más problemas en La Guajira con, por ejemplo, el servicio de agua y salud.
Fue a través de la expedición del Decreto 1085 de 2023, el pasado 2 de julio, que el Gobierno declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Tras esa declaratoria, se firmaron un total de 13 decretos para tomar medidas.
Según la Procuraduría, la crisis en La Guajira es una problemática estructural que puede ser “superada por las autoridades” a partir de “buena gestión”.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, le respondió a la Procuraduría diciendo que no compartía ese informe, pues, según dijo, es un problema que va más allá y debe ser atendido.
