La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequibles los artículos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023, norma mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Las disposiciones anuladas abrían una vía especial para que organizaciones populares y sociales pudieran acceder a recursos públicos y ejecutar directamente proyectos del Estado, bajo un esquema diferencial frente a otros mecanismos de contratación.
Según la decisión del alto tribunal, dichos artículos no se ajustaban a la Constitución, por lo que quedaron sin efecto dentro del ordenamiento jurídico. Aunque aún se espera el texto completo de la sentencia para conocer los fundamentos detallados, la declaratoria implica que estas organizaciones ya no podrán acogerse a ese mecanismo especial previsto en el Plan.
La Ley 2294 de 2023 constituye la hoja de ruta del Gobierno para el cuatrienio 2022-2026 y contiene las principales metas sociales, económicas y de infraestructura de la administración nacional.
La eliminación de estos artículos reabre el debate sobre los mecanismos de participación de organizaciones sociales en la ejecución de recursos públicos y los límites constitucionales en materia de contratación estatal.
