La investigación abierta sobre Shakira por un posible delito de fraude fiscal está a punto de llevar a la artista colombiana al banquillo. Tras tres años de investigación, el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat ha concluido que existen “indicios suficientes” para enviar a juicio a la cantante por el impago a Hacienda de 14,5 millones de euros. Si no negocia un acuerdo de última hora, la pareja de Gerard Piqué deberá responder por seis delitos fiscales, lo que podría llevarla a la cárcel.
“Isabel Mebarak Ripoll [nombre real de la cantante] habría dejado de tributar en España durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, pese a tener obligación de hacerlo por tener aquí su residencia fiscal”, afirmó el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), Marco Jesús Juberías, en la documentación judicial a la que ha accedido el diario español El País.
El magistrado considera que la artista, junto a los otros querellados, “emplearon una serie de sociedades mercantiles” para aparecer como titulares del patrimonio de Shakira, cuyo nombre sólo se encontraría “en último término y en sociedades radicadas en territorios considerados como paraíso fiscal”.
La cantante ha mantenido desde el primer momento que, durante esos años, estuvo residiendo en Bahamas y que solo visitó España de forma “esporádica”. Pero su versión fue desarticulada por los inspectores de Hacienda, que han indagado en su vida en Barcelona junto al jugador del Barcelona.
Shakira, concluye el juez, debió haber pagado 14,5 millones de impuestos adeudados.
El juez da así por buena la versión de la Fiscalía, corroborada por los técnicos de Hacienda, que el pasado junio presentaron un informe donde rebatían los argumentos de la defensa de la cantante colombiana, que alega, aportando su agenda televisiva y de conciertos, que permaneció menos de 184 días en España y que, por tanto, no tenía obligación de tributar en este país.
La cantante ha intentado evitar ir a juicio. Hacienda reconoce que, por su trabajo, Shakira viajaba con mucha regularidad, pero considera a esas salidas “ausencias esporádicas” porque su lugar de residencia, adonde regresaba después de trabajar, era Barcelona.
El juez ve indicios suficientes contra la artista y contra quien fue su abogado y asesor fiscal. Para este último, sin embargo, la fiscalía ha solicitado el archivo al considerar que no cometió delito alguno. El magistrado ha dado traslado ahora a la Fiscalía y al resto de acusaciones para que presenten sus escritos de acusación, en los que detallarán la pena a imponer a Shakira.
La querella de la Fiscalía de Barcelona contra la cantante apunta que esta dejó de presentar la liquidación del IRPF e IP los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública de 12,4 millones por IRPF y de 2,19 millones por el impuesto del patrimonio.
Shakira, que ya abonó la cantidad reclamada por Hacienda en 2018, negó estas acusaciones en su declaración ante el juez en el 2019, alegando que estableció su residencia en España en el 2015, cuando se instaló en Barcelona junto a Piqué y escolarizó a su hijo Milan. Hasta entonces, afirmó, había sido “una nómada sin raíces”.
Infobae
