El representante del Pacto Histórico, David Racero, deberá responder ante el Consejo de Estado por una demanda que podría costarle su investidura como congresista. El alto tribunal admitió el recurso judicial en su contra tras conocerse denuncias sobre presunta utilización indebida de recursos públicos, específicamente por destinar a un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para atender un negocio de su propiedad.
Según el documento de admisión, Racero habría ordenado en enero de 2021 que funcionarios de su UTL colaboraran en un supermercado de frutas y verduras, ubicado en el barrio Villa Luz de Bogotá. Los hechos fueron documentados por medios de comunicación y ahora forman parte central de la acusación que podría configurarse como una falta gravísima por desvío de funciones públicas.
El Consejo de Estado ya notificó al congresista, quien cuenta con un plazo de cinco días para responder formalmente a los señalamientos. La Procuraduría General de la Nación también fue informada para intervenir en el proceso, lo que refuerza la seriedad del caso que podría tener consecuencias políticas de alto calibre para el Pacto Histórico.
El escándalo se suma a una larga lista de cuestionamientos que golpean la credibilidad de varios miembros del oficialismo, especialmente en un momento en que el Gobierno insiste en promover su “mandato popular” frente al Congreso. Racero, quien ha sido una de las voces más visibles en la defensa del presidente Petro, enfrenta ahora una tormenta legal que podría dejarlo por fuera del Capitolio.
