«Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ninguna importancia para nuestro país, ni siquiera en términos jurídicos», notificó este viernes el Kremlin a través de la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
El pronunciamiento lo hizo en una primera reacción a la decisión de la Corte con sede en La Haya de emitir una orden de captura contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de lesa humanidad, en este caso por la depotación y traslado ilegal a territorio ruso de niños de zonas ocupadas en Ucrania.
La vocera advirtió que «Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo», ni coopera con este organismo.
«Las posibles ‘prescripciones’ de detención que emanen de la Corte Penal Internacional serán jurídicamente nulas para nosotros», añadió.
Junto con el presidente, el tribunal ha dictaminado el arresto de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.
Lvova-Belova también comentó la decisión del tribunal:
«Es estupendo que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo que hacemos para ayudar a los niños de nuestro país, que no los dejamos en la zona de guerra, que los sacamos, que creamos buenas condiciones para ellos y los rodeamos de gente cariñosa y atenta. Ha habido sanciones de todos los países, incluso de Japón, contra mí, ahora hay una orden de detención, me pregunto qué pasará después… bueno, seguimos trabajando».
De otro lado, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, celebró hoy la orden de arresto internacional dictada contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI).
“La Justicia está es marcha: aplaudo la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto para Vladímir Putin y María Lvova-Belova por el traslado forzoso de niños ucranianos”, dijo Kuleba en referencia a la comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, cuya detención también ha sido ordenada por La Haya.
“Los criminales internacionales pagarán por secuestrar niños y por otros crímenes internacionales”, remachó el jefe de la diplomacia ucraniana, que lleva meses movilizándose para conseguir que la comunidad internacional enjuicie los más de 70.000 crímenes de guerra rusos que Kiev dice haber registrado en su territorio.
Las autoridades ucranianas investigan la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños ucranianos de los territorios ocupados, y han enviado a La Haya ingentes materiales con pruebas que demostrarían el tratamiento infligido por Moscú a estos menores.
La Corte Penal Internacional es el tribunal encargado de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresiones entre Estados, así como aquellos acontecimientos que el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un Estado remite a la CPI.
Sin embargo, la Corte tiene importantes límites. Su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma —tratado constituyente de la organización— o a los nacionales de estos. Y hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel o Rusia.
