En sus primeros 100 días de gestión, la Defensoría del Pueblo, liderada por la defensora Iris Marín Ortiz, ha priorizado el abordaje de la crisis de hacinamiento en las cárceles, con un enfoque especial en las mujeres cabeza de hogar privadas de la libertad por delitos cometidos en situaciones de marginalidad.
“La Ley 2292 de 2023, que consagra la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública para mujeres cabeza de hogar en situación de pobreza o marginalidad, es una herramienta crucial para garantizar justicia con enfoque de género y diferencial. Sin embargo, los resultados de su implementación han sido bajos: menos de 100 mujeres han sido beneficiadas, pese a que el universo potencial supera las 2.500 reclusas”, afirmó la Defensora del Pueblo. (Ver pronunciamiento)
Según la Defensoría, las principales barreras para la aplicación de esta ley incluyen interpretaciones restrictivas y carentes de enfoque de género por parte de operadores judiciales, falta de alfabetización jurídica a favor de las privadas de la libertad y deficiencias en las solicitudes presentadas por defensores y defensoras públicas.
Frente a esta problemática, la Defensoría del Pueblo ha adelantado varias acciones concretas:
1. Visitas a cárceles: Se realizaron visitas en Medellín, Cali, Sogamoso, Barranquilla, Acacías y Bogotá para identificar posibles beneficiarias de la ley y garantizar su representación por defensores y defensoras públicas.
2. Sensibilización judicial: Se llevaron a cabo reuniones con Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en todo el país, promoviendo la incorporación del enfoque diferencial y de género en las decisiones judiciales.
3. Capacitación: Se organizó un foro con entidades involucradas en la implementación de la Ley de Utilidad Pública para fortalecer el trabajo de las defensoras y defensores públicos, destacando la importancia de superar interpretaciones restrictivas que obstaculizan el acceso a la libertad para mujeres vulnerables.
4. Incremento en solicitudes de libertad: Las peticiones presentadas por la Defensoría Pública han aumentado en un 26,6% desde el inicio de esta administración.
5. Herramientas de apoyo: Se creó un micrositio web con información clara sobre la Ley 2292 de 2023, modelos y minutas que facilitan a los defensores públicos la presentación de solicitudes fundamentadas y eficaces.
“Con estas acciones, les decimos a las mujeres privadas de la libertad que no están solas. Estamos trabajando para que la justicia sea accesible, eficiente y con enfoque de género”, aseguró Marín Ortiz, quien adelantó que en los próximos días se anunciarán nuevas medidas para fortalecer la implementación de la ley.
