Grupos armados como el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc están en una constante disputa por el control del territorio del Bajo Cauca antioqueño, causando pánico entre los campesinos y utilizando a la población como instrumento para sus fines de guerra.
Ante esto, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a respetar los derechos de la comunidad y rechazó las acciones contra la población, “como la siembra de minas antipersona, los desplazamientos individuales, la restricción a la movilidad y la prohibición del ingreso de alimentos y combustibles; además del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes”.
De la misma manera, se dieron a conocer los casos de muchos campesinos que son forzados por los grupos armados a manifestarse en contra de la fuerza pública y otros tantos que son obligados a no reportar a sus parientes asesinados.
“La Defensoría repudia la modalidad de homicidio que viene siendo implementada por esas estructuras criminales, en la que no se permite a los parientes trasladar los cuerpos a los cascos urbanos, ni reportar su fallecimiento. Los obligan a enterrarlos en zonas rurales, lo que evita el registro del hecho criminal”, explicó en un comunicado el órgano constitucional.
Por último, se hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de todos los habitantes de Cáceres y sus alrededores a través de la presencia de los entes nacionales y territoriales, así como de las fuerzas del orden público.
