La situación de orden público en la región del Catatumbo vuelve a generar preocupación tras nuevas denuncias de hechos violentos con explosivos atribuidos a grupos armados ilegales.
Según informó la Personería de El Tarra, en las últimas horas se han registrado acciones violentas presuntamente cometidas por integrantes del Ejército de Liberación Nacional y disidencias del Frente 33, al mando de alias ‘Calarcá’.
Frente a estos hechos, la defensora del pueblo, Iris Marín, se pronunció con contundencia, calificando las acciones como “crímenes” y reiterando la urgencia de garantizar los derechos de la población civil.
“La gente del Catatumbo tiene derecho a la paz, una paz que se construya mirando a la gente y sus derechos”, expresó la funcionaria, quien además enfatizó que la violencia en esta zona del país no es un fenómeno reciente.
Marín advirtió que se trata de una crisis persistente que no ha cesado, lo que evidencia la complejidad del conflicto en esta región fronteriza, históricamente afectada por la presencia de grupos armados y economías ilícitas.
Los recientes hechos han incrementado la preocupación entre las comunidades, que continúan expuestas a riesgos como enfrentamientos, uso de explosivos y desplazamientos forzados.
Organismos de derechos humanos han insistido en la necesidad de una respuesta integral del Estado que priorice la protección de la población civil, así como el fortalecimiento de estrategias que permitan avanzar hacia una paz sostenible en el territorio.
La crisis de seguridad en el Catatumbo continúa agravándose. La Asociación de Personeros del Catatumbo se declaró en alerta máxima tras un nuevo ataque registrado en la vereda Cuatro Esquinas, que dejó víctimas civiles y aumentó el clima de temor en la región.
De acuerdo con el pronunciamiento del organismo, que agrupa a los personeros de los 13 municipios del territorio, el hecho evidencia una preocupante escalada del conflicto, marcada por el uso de nuevas modalidades de guerra.
Uno de los puntos más alarmantes señalados por la APC es la utilización de drones en acciones violentas contra la población civil. La organización rechazó de manera contundente este tipo de ataques, advirtiendo que estas prácticas no solo intensifican el conflicto, sino que también afectan gravemente la movilidad y la vida cotidiana de las comunidades.
El ataque, ocurrido en zona rural, dejó personas heridas y generó un ambiente de zozobra entre los habitantes de sectores como el kilómetro 77 y Filo Gringo, donde el miedo y la incertidumbre se han intensificado en las últimas horas.
Frente a esta situación, la Asociación de Personeros reiteró que la población civil es ajena al conflicto armado y exigió acciones urgentes por parte del Estado. Entre sus principales solicitudes está la conformación de una Mesa Técnica de Análisis que permita evaluar la situación y adoptar medidas concretas de protección para las comunidades.
“Exigimos respeto absoluto por la vida”, expresó la organización en su comunicado, haciendo un llamado a todos los actores armados a cesar las acciones que ponen en riesgo a la población.
La denuncia se suma a una serie de alertas recientes sobre el deterioro de la seguridad en el Catatumbo, una región históricamente golpeada por la violencia y donde persisten los desafíos en materia de presencia institucional y garantía de derechos humanos.
Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo de la situación en el Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por la violencia en Colombia, donde persisten los desafíos en materia de seguridad y presencia institucional.
