En medio del ambiente de polarización que rodea el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la controversia sube de tono. Las víctimas del caso anunciaron que denunciarán penalmente ante la Fiscalía General de la Nación al exmandatario, a sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe, y al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, por los presuntos delitos de calumnia, injuria, hostigamiento y amenazas.
La denuncia se sustenta en declaraciones públicas en las que se ha señalado al senador Iván Cepeda como supuesto “jefe político de las FARC”, “determinador del narcotráfico” y otros calificativos considerados difamatorios y peligrosos por las víctimas, quienes consideran que estas afirmaciones buscan deslegitimar su papel en el proceso judicial.
Mientras tanto, sectores del uribismo han respondido con fuerza. En redes sociales, simpatizantes han acusado al actual gobierno de promover un supuesto plan de persecución política. En una publicación ampliamente replicada, se afirma que el “heredero de las FARC” —en aparente alusión a figuras del Pacto Histórico— busca “eliminar a todo opositor con el respaldo criminal de las FARC y el poder del gobierno”.
“No les bastó con asesinar a Miguel Uribe, o encarcelar a Álvaro Uribe. Lawfare y gatillo para todo el que se oponga. Así opera el narcosocialismo”, dice la publicación, que refleja el clima de tensión que rodea la política nacional.
Las acusaciones mutuas, que mezclan denuncias legales con duros señalamientos ideológicos, continúan profundizando la fractura entre los principales sectores políticos del país. El proceso judicial contra Uribe, que sigue abierto, se convierte así no solo en una batalla legal, sino en un campo de confrontación política que refleja los desafíos que enfrenta la democracia colombiana.
