Descubren alianza criminal entre cabecillas del ‘Clan del Golfo’ y algunos integrantes de la fuerza pública para traficar armas y evadir la acción de las autoridades

Siete personas fueron capturadas y judicializadas, entre ellas un exintegrante de la Armada Nacional y dos infantes de marina.

La Fiscalía General de la Nación lideró una investigación que puso en evidencia una alianza criminal entre el ‘Clan del Golfo’ y algunos integrantes de la fuerza pública para facilitar la ejecución de actividades ilegales en Chocó. En ese sentido, fueron capturadas y judicializadas siete personas, entre ellas dos infantes de marina.Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra, petición a la que accedió un juez de control de garantías.Los afectados con la decisión son: José Albeiro Aguirre Aguirre, alias Luis, señalado cabecilla financiero de la subestructura Jairo de Jesús Durango Restrepo; Nelson Hurtado Vanegas, alias Chamber, presunto cabecilla del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’ en Chocó; Juan Diego Mosquera Saavedra, alias Pájaro, y Julián Arcenio Macías Cardona, alias Conejo, posibles articuladores principales de la subestructura Pacífico o Playas; los infantes de marina Arlinton Morelo Correa y Fabián Mauricio Herrera Rendón; y el exintegrante de la Armada Nacional, Román Antonio Rico García, alias RR.Los elementos de prueba recopilados indican que el ‘Clan del Golfo’ habría incluido en su nómina ilícita a los uniformados procesados y les transfería hasta tres millones de pesos por información que les permitiera a los cabecillas evadir las operaciones militares en la región o conseguir armas de fuego, munición y otros elementos.En el caso de Rico García, el grupo armado ilegal presuntamente le pagaba 10 millones de pesos mensuales, en el entendido de que en distintas oportunidades recibieron datos y detalles precisos que les permitieron huir del asedio de la fuerza pública.Los siete investigados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional y la Armada Nacional en Juradó, Bahía Solano y Nuquí (Chocó). En los procedimientos se incautaron 7 teléfonos celulares, cerca de 24 millones de pesos en efectivo, 64 dólares estadounidenses, un morral de campaña, 2 cintelas militares, un proveedor con munición calibre 9 milímetros y un teléfono satelital.