La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la apertura del proceso de inscripción para candidatos a cargos de elección popular para los comicios regionales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.
Para ese fin estarán disponibles todas las sedes de la entidad en el país hasta el 29 de julio, a las cuales deben acercarse los ciudadanos que crean cumplir con los requisitos y quienes podrán a partir de su inscripción, iniciar oficialmente sus actos proselitistas.
“Hoy oficialmente inicia en Colombia en nuestras registradurías las inscripciones de candidatos para estas elecciones que nos convocan para elegir 32 gobernadores, 1.102 alcalde, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles en todo el territorio nacional”, dijo el registrador nacional, Alexander Vega Rocha.
Según las proyecciones del organismo electoral, este año se estarían inscribiendo cerca de 130 candidatos, teniendo en cuenta el aumento del número de partidos políticos (34 con personería jurídica); por eso como novedad se implementará la inscripción por vía digital.
“Para facilitarle a estos ciudadanos el proceso y para que no tengan que desplazarse a la registraduría, estrenamos un producto que nos funcionó en las elecciones pasadas, que es la inscripción digital, a través del Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE), por lo que no habrá necesidades de acercase a la entidad”, agregó el registrador.
Para el 2023 el número de puestos de votación quedó establecido en 12.918; 5.606 urbanos y 7.311 rurales, lo que para esta entidad representa una cifra histórica que significará más oportunidad de participación ciudadana.
Entre tanto, se prevé que el censo electoral supere los 38 millones novecientos mil ciudadanos que podrán ejercer su derecho al voto.
Ley de Garantías
Con el propósito de desarrollar una contienda electoral democrática, transparente e igualitaria, desde hoy, cuatro meses antes de las elecciones, entró en vigencia la Ley de Garantías que prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a la elección.
Además, suspende cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal y prohíbe las actividades proselitistas de las entidades públicas y la participación de candidatos en funciones públicas.
“Desde el 29 de junio hasta el 29 de octubre entra en vigencia esta ley que permite garantizar estándares de transparencia y equilibrio electoral evitando el uso de recursos público o la interferencia de servidores público en la voluntad popular”, explicó Laura Galvis, del componente de Administración Pública y Transparencia de la Misión de Observación Electoral.
