En el fallo de primera instancia la Procuraduría afirmó que los representantes legales de las entidades deben “desplegar acciones de vigilancia respecto del ejercicio de la actividad contractual.”
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó en fallo de primera instancia, al alcalde de Maicao, La Guajira, José Carlos Molina Becerra (2016 – 2019), por irregularidades en el contrato de obra para adelantar el proyecto denominado Urbanización Marina Esperanza, financiado con recursos de regalías.
La Procuraduría comprobó que el exmandatario omitió ejecutar las acciones pertinentes, y el control necesario para que el contratista culminara la construcción de 300 viviendas de interés prioritario, dispuestas para ubicar población desplazada de Maicao.
El ente disciplinario afirmó que los representantes legales de las entidades tienen atribuciones en materia contractual y, por tanto, deben “desplegar acciones de vigilancia respecto del ejercicio de la actividad contractual que otros desempeñan a través de reuniones periódicas, seguimiento, circulares, o revisiones de las funciones delegadas”.
Con su actuar, el sancionado desconoció su deber de satisfacer el interés general y “vulneró los principios de eficacia y eficiencia que debe observar y aplicar todo servidor público en la ejecución de la actividad contractual y que conllevaron a una afectación en el funcionamiento y consecución de los fines del Estado”, puntualizó el Ministerio Público.
Finalmente, la Entidad calificó la falta de Molina Becerra como gravísima a título de culpa gravísima, por “no haber exigido a la interventoría y supervisión, los informes que demostraran la ejecución del proyecto (…) en aras de adoptar las medidas que garantizaran una adecuada ejecución contractual”.
