El director administrativo removido de Comfamiliar Atlántico, Herber Mantilla Gómez, aseguró que la intervención de la Caja de Compensación por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar obedeció a una presunta represalia política, señalando directamente al ministro de Trabajo y superintendente del Subsidio Familiar, Antonio Sanguino.
La denuncia fue divulgada por la Federación del Sistema de Seguridad Social, que hizo pública una declaración extrajuicio rendida por Mantilla Gómez ante una notaría, en la que relata una reunión sostenida con el funcionario el pasado 12 de junio de 2026, nueve días antes de la segunda vuelta presidencial.
Según el documento, el encuentro se realizó a puerta cerrada en la sede principal de Comfamiliar Atlántico, en Barranquilla. Allí, Mantilla afirma que Sanguino le manifestó su inconformidad por un supuesto respaldo a la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella y le atribuyó un presunto parentesco con Mauricio Gómez Amín, a quien identificó como opositor del Gobierno Nacional.
Asimismo, el exdirector sostuvo que el ministro le expresó haber recibido comentarios negativos sobre su gestión, aunque, según indicó, estos carecían de sustento.
Cuestionamientos al proceso de inspección
En su declaración, Mantilla también cuestionó el informe final de una visita ordinaria realizada por la Superintendencia del Subsidio Familiar, remitido el pasado 30 de junio por el superintendente delegado para la Gestión, Miguel Salomón Fuentes.
De acuerdo con el exfuncionario, el documento incluyó 54 observaciones y 23 recomendaciones relacionadas principalmente con hechos correspondientes a la vigencia 2025 y con situaciones originadas en administraciones anteriores, algunas de ellas con más de dos décadas de antigüedad.
Mantilla argumentó que la actual administración de Comfamiliar es reciente y había manifestado su disposición para implementar los correctivos necesarios, por lo que consideró desproporcionadas las actuaciones adelantadas por el organismo de control.
Igualmente, señaló que el funcionario encargado de coordinar y suscribir el informe debía haberse declarado impedido debido a un supuesto interés previo en integrar el nivel directivo de la entidad. Por esa razón, aseguró que Comfamiliar presentó una recusación sustentada en la Ley 1437 de 2011.
El exdirector indicó además que presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación y remitió una comunicación al presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que expuso las presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de intervención.
Intervención por 12 meses
La Superintendencia del Subsidio Familiar intervino este lunes a Comfamiliar Atlántico mediante una medida cautelar administrativa con una vigencia inicial de 12 meses.
Durante la diligencia, realizada en la sede principal de la Caja en el centro de Barranquilla, fueron removidos del cargo el director administrativo, Herber Mantilla Gómez, y la totalidad de los integrantes del Consejo Directivo.
En su reemplazo fue designada como directora encargada María Teresa Carvajal Aguirre, cuya gestión será evaluada semestralmente por la Superintendencia.
La Superintendencia de Subsidio Familiar realizó una intervención total de la caja de compensación Comfamiliar Atlántico y suspendió por 12 meses a su director administrativo y a miembros del Consejo Directivo. La medida fue adoptada después de las inspecciones que realizó hoy la…
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 7, 2026
Comfamiliar anuncia acciones legales
Tras conocerse la decisión, Comfamiliar Atlántico rechazó la intervención y anunció que emprenderá las acciones judiciales correspondientes para controvertir la medida.
En un comunicado, la Caja afirmó que existen serios cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso y aseguró que la resolución desconoce una suspensión decretada previamente por el Consejo de Estado respecto al artículo 97 del Decreto 341 de 1988.
La entidad también sostuvo que la intervención fue adoptada sin que se hubiera adelantado un procedimiento administrativo sancionatorio que garantizara plenamente el derecho de defensa y contradicción, por lo que insistió en que será la jurisdicción competente la encargada de revisar la legalidad de las actuaciones.
Hasta el momento, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar no se han pronunciado públicamente sobre las denuncias formuladas por el exdirector de Comfamiliar Atlántico.
