El Gobierno nacional a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, ha liderado e implementado distintas estrategias para ampliar las capacidades del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario (SNPC), logrando registrar a la fecha la menor tasa histórica de hacinamiento.
Asimismo, logró expedir por primera vez el Plan Nacional de Política Criminal articulando esfuerzos de política complementarios y necesarios para atender la situación carcelaria y penitenciaria del país.
En concordancia con lo anterior, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el Documento CONPES 4082 para continuar ampliando la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario con una inversión de $851.522 millones para la construcción de nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional, garantizar las condiciones dignas de reclusión, y coadyuvar a la disminución del hacinamiento en los establecimientos de reclusión existentes.
Dentro de los pilares de esta política se construirán nueve establecimientos de reclusión, lo que permitirá la existencia de 9.805 nuevos cupos entre 2022 y 2026, así como el cumplimiento de los derechos de la población privada de la libertad, especialmente en espacios de habitación, zonas comunes, de alimentación, de atención psicosocial, salud y resocialización, espacios para estudio, trabajo y enseñanza, entre otros.
A su vez, este Documento CONPES de declaración de importancia estratégica es necesario para culminar las obras de infraestructura viables definidas en el documento CONPES 3871 de 2016, e incluir nuevos proyectos de obra en diferentes zonas del país.
En la elaboración de este documento participaron la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.
Las obras
Además de la construcción de nuevos centros de reclusión y el aumento de cupos, se dará continuidad a las obras en Pereira (Risaralda), Riohacha (La Guajira) y Sabanas de San Ángel (Magdalena). A su vez, se incluirán obras nuevas en Silvia (Cauca), Mocoa (Putumayo), Isla de San Andrés, Barrancabermeja (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca) y San Martín (Meta).
En el caso de las obras de Silvia (Cauca) y Riohacha (La Guajira) se contempla la construcción de pabellones para población indígena, lo que permitirá garantizar el enfoque étnico en los centros de reclusión.
De igual manera, se tiene prevista la construcción de pabellones para mujeres privadas de la libertad en las obras de Riohacha (La Guajira), Mocoa (Putumayo), San Andrés, Barrancabermeja (Santander) y Buenaventura (Valle del Cauca), lo que asegura espacios adecuados para las mujeres y, en algunos centros carcelarios, para los niños y niñas menores de tres años que convivan con sus madres, toda vez que se contempla la adecuación de centros de desarrollo infantil.
De manera especial, los proyectos de obra en Mocoa (y San Andrés buscan atender la necesidad de construir un establecimiento de reclusión, atendiendo la gran afectación que padeció el centro penitenciario existente en ese momento por las situaciones de emergencia presentadas en dichos territorios (la avalancha de 2017 y huracán Iota de 2020, respectivamente).
Este CONPES es de gran importancia para alcanzar las estrategias propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”, donde la principal apuesta en lo relacionado con el SNPC es la ampliación de la infraestructura por medio de la generación de cupos penitenciarios y carcelarios.
