Una estructura impositiva que castiga la inversión, desalienta el ahorro y frena el crecimiento vuelve a dejar a Colombia en la cola del mundo desarrollado. La última reforma tributaria no alivió el problema; al contrario, lo agudizó.
Por segundo año consecutivo, Colombia ocupa el puesto 38 entre los 38 países miembros de la OCDE en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional (ICFI), elaborado por la organización Tax Foundation. El resultado no solo preocupa: confirma una tendencia estructural y persistente de un sistema tributario diseñado con más sanciones que estímulos para la economía formal.
El índice no mide cuánto recauda cada país, sino cómo está diseñado su sistema tributario: si promueve o desincentiva la inversión, el trabajo, el ahorro o el emprendimiento. Y en el caso colombiano, el veredicto es claro: el diseño es disfuncional.
Una mezcla tóxica de impuestos mal diseñados
El informe identifica tres elementos clave que explican la mala calificación de Colombia:
La tasa de renta corporativa más alta de la OCDE, con un 35% que incluso puede aumentar por recargos específicos a ciertos sectores.
La existencia de un impuesto al patrimonio permanente, reactivado con la reforma de 2022, que castiga la acumulación de riqueza sin necesidad de que haya generación de ingresos.
El gravamen a los movimientos financieros (4×1.000), un impuesto considerado especialmente distorsionante, que grava la actividad financiera en todas sus etapas, penalizando pagos, retiros y transferencias.
A esto se suman complejidades técnicas, exenciones sectoriales mal dirigidas, y una falta de neutralidad que sesga decisiones económicas y debilita el crecimiento sostenible.
Los datos detrás del colapso competitivo
El ICFI se construye sobre 42 variables distribuidas en cinco pilares: impuesto de renta corporativa, impuestos personales, impuestos al consumo, impuestos a la propiedad y reglas fiscales internacionales.
En todos ellos, Colombia muestra debilidades:
Un sistema corporativo costoso, que reduce incentivos a la inversión privada.
Un IVA del 19% que, si bien se alinea con el promedio OCDE, se ve opacado por el efecto negativo del 4×1.000.
Un impuesto al patrimonio que afecta el ahorro de largo plazo.
Y reglas fiscales internacionales complejas que dificultan la inversión extranjera.
Mientras tanto, países como Estonia, Letonia y Nueva Zelanda lideran el ranking gracias a códigos tributarios simples, integrados y más amigables con el capital productivo.
América Latina: también a la zaga, pero Colombia aún más atrás
Incluso entre sus pares latinoamericanos en la OCDE, Colombia queda mal parada.
México escaló posiciones hasta el puesto 23.
Chile se mantiene en la zona media, en el lugar 29.
Colombia sigue estancada en el sótano, sin señales de mejora.
Y lo más grave es que no se trata de una caída repentina. Ya en 2023, el país había sido el peor evaluado del bloque. La repetición del resultado refuerza la idea de un problema estructural que va más allá de ajustes puntuales o reformas cosméticas.
¿Reforma o retroceso? Nuevas propuestas que ahondan el problema
En medio de este diagnóstico, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció esta semana una nueva propuesta de reforma tributaria, que ha generado más alarma que respaldo.
Uno de los puntos más controvertidos es el incremento de la carga fiscal sobre el sector minero-energético, que podría llegar al 70%, según cálculos del propio sector. La industria del carbón, por ejemplo, advirtió que las nuevas medidas harían inviable su operación y proyección a futuro.
La propuesta también ha sido criticada por varios gremios y analistas que consideran que no resuelve los problemas de fondo del sistema tributario, y en cambio, puede profundizar la informalidad, la evasión y la desinversión.
Conclusión: la urgencia de repensar el modelo
Colombia no solo tiene un sistema fiscal complejo, ineficiente y poco competitivo. Tiene uno que, año tras año, es señalado como el peor del bloque de economías avanzadas al que aspira pertenecer con fuerza plena.
Los resultados del ICFI 2024 deben ser una alerta roja para la política económica del país. Sin una reforma estructural y técnicamente sólida, que premie la inversión, simplifique el cumplimiento tributario y elimine distorsiones, Colombia seguirá siendo el rezagado fiscal de la OCDE.
Y, lo peor: con cada año perdido, se hace más difícil revertir el daño.
