El Gobierno enfrenta una brecha de $2 billones en el presupuesto para cubrir subsidios de energía en 2024 y 2025, mientras las empresas advierten sobre posibles incrementos en las facturas y una crisis de liquidez.
El presupuesto general de la nación para 2025, presentado recientemente ante el Congreso, revela un preocupante déficit de $700.000 millones que amenaza la continuidad de los subsidios de energía eléctrica para las familias más vulnerables del país.
Esta cifra se suma a un déficit existente de $1,3 billones en 2024, lo que eleva la falta de recursos a un total de $2 billones, según ha alertado la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).
Aunque el presupuesto asignado para estos subsidios es de $3,4 billones, dicha cantidad solo cubriría los pagos hasta junio de 2025, dejando los meses restantes sin financiación. Esta situación se agrava aún más considerando que, al 31 de julio de 2024, el Gobierno adeuda a las empresas eléctricas $930.000 millones en subsidios que estas han adelantado a los usuarios, según cifras de Asocodis.
“Eso es gravísimo para las empresas porque, con el problema de liquidez que tienen hoy por la opción tarifaria, manejar estos recursos es bien complejo”, afirmó José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis.
Los subsidios de energía eléctrica son fundamentales para millones de colombianos. Permiten cubrir el 60% del consumo de subsistencia de los hogares de estrato uno, el 50% para los de estrato dos, y el 15% para los de estrato tres. Sin embargo, la incapacidad del Gobierno para garantizar los fondos necesarios podría tener serias repercusiones.
Manzur advirtió que «si las empresas no tienen recursos para financiar los subsidios, las facturas de los usuarios pueden subir. Y si siguen financiando los subsidios, las empresas no van a tener recursos para pagar las compras de energía o también pueden parar las inversiones para mejorar la calidad del servicio».
A esta situación se suma la promesa incumplida de la opción tarifaria, una medida anunciada por el presidente Gustavo Petro en mayo de 2023, que planteaba que la Nación asumiría $2,7 billones de la deuda generada por esta opción. No obstante, hasta la fecha, dicho proyecto de ley no ha sido presentado ante el Congreso, lo que ha generado más incertidumbre entre las empresas del sector eléctrico.
Mientras tanto, las empresas han tenido que recurrir a créditos de Findeter, los cuales suman hasta ahora $500.000 millones, una cifra que representa solo el 18,5% de la deuda total que el Gobierno había prometido saldar.
Aunque el Ministerio de Hacienda ha planteado aumentar esta línea de crédito a $2 billones, la falta de acción legislativa sigue poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las empresas y la posible reducción en las tarifas de energía para los usuarios.
Las recientes disminuciones en las tarifas de energía reportadas por algunas empresas en julio de 2024 se deben más al comportamiento favorable del mercado, que ha visto una caída en los precios de la energía en bolsa tras el fenómeno de El Niño, que a cualquier acción concreta del Gobierno. Sin una solución estructural, la situación podría deteriorarse aún más, afectando tanto a las empresas como a los usuarios finales.
El precio de la energía en bolsa se dispara en un mes: ¡Indignación creciente!
En menos de un mes y medio, el precio de la energía en el mercado de generadores ha experimentado un alarmante incremento, lo que ha generado gran inquietud entre los consumidores y sectores productivos. Según los datos proporcionados por XM, el administrador del mercado de energía en Colombia, el 1 de julio de 2024 el precio de la energía en bolsa se situaba en $121.79 por kilovatio-hora (kWh). Sin embargo, para el 10 de agosto del mismo año, el precio se disparó a $538.2/kWh, un aumento de más del 340%.
De $121.79/kWh a $538.2/kWh en solo 40 días, el aumento en el precio de la energía genera preocupación.
Este incremento sin precedentes ha encendido las alarmas sobre el impacto que podría tener en las tarifas finales para los usuarios, así como en la competitividad de las empresas que dependen de este recurso. La preocupación es palpable, y voces críticas ya se levantan cuestionando la sostenibilidad de esta situación. «¡No hay derecho!», exclaman quienes consideran que este incremento es injustificable y exigen explicaciones y soluciones inmediatas.
¿Qué implicaciones tendrá este aumento para la economía y los consumidores?
La situación deja muchas interrogantes en el aire, mientras tanto, la indignación sigue creciendo, al igual que el precio de la energía.
