El ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla Barrera radicó este miércoles en el congreso de la República el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, el cual será el punto de partida para luchar contra la pobreza, las desigualdades y reactivar el país.
La Ley trae un fuerte carácter social que busca aumentar las transferencias para los hogares más vulnerables, generar empleo y fomentar el ingreso a la educación.
Así mismo, trae las medidas para financiar la transformación social que se propone, con la eliminación de varios beneficios tributarios en IVA, en renta tanto para personas naturales como jurídicas, un impuesto temporal a la riqueza, un impuesto a los dividendos, entre otros.
De igual forma, hay dos capítulos adicionales: uno para incentivar la transición a una producción más limpia y sostenible y el otro para mejorar la actual Regla Fiscal.
El ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla Barrera radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, el cual busca luchar contra la pobreza y la
inequidad, en un contexto donde el país -y el mundo- ha sido fuertemente golpeado por la pandemia del covid-19.
De acuerdo con el titular de la cartera, este proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible es el primer y más importante paso que tiene que dar el país en el camino de la pospandemia que está iniciando, pues el Estado no puede permitir que más personas caigan en la pobreza y la pobreza extrema sin tomar medidas urgentes y necesarias.
Este proyecto viene acompañado de un gran componente social que busca la permanencia del Programa Ingreso Solidario que ampliará el monto y cubrirá a los hogares en situación de pobreza, que son aproximadamente 4,7 millones.
Así mismo, la compensación del IVA llegará a toda la población vulnerable con una transferencia de $50 mil mensuales, con lo que se pasa de cubrir al 20% de la población a cerca del 40%.
Complementando las transferencias sociales, también se busca incentivar el ingreso a la educación superior pública subsidiando hasta el 100% de la matrícula de estudiantes en condición de vulnerabilidad.
En esa transición, también se busca impulsar la generación de empleos para aquellos grupos con alta incidencia del desempleo, como ocurre para los jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores sin pensión y aprendices del SENA.
Adicionalmente, proponemos dos medidas para mitigar los efectos de la pandemia en el empleo. En primer lugar, se crea un programa de impulso a la recuperación del empleo que tiene objetivo la generación de nuevos empleos formales. Asimismo, se establece una expansión del PAEF por tres meses, con el fin de llevar este beneficio hasta junio de este año.
“Como toda medida que implica gasto público, hay que buscar cómo financiarlo. Al Congreso trajimos una propuesta concreta que implica que todos los colombianos, en la medida de nuestras capacidades aporten proporcionalmente con lo que su capacidad les permite, así como los que están un poco mejor que el grueso de la población, contribuyan solidariamente y ponernos en los zapatos de quienes salieron peor librados de esta pandemia”, expresó el Ministro.
En ese sentido, el proyecto propone una estrategia para financiar los gastos sociales, cimentada en la reducción de beneficios y exenciones que históricamente han beneficiado principalmente a los individuos de mayores recursos. Este es el caso de las excepciones al pago del impuesto de IVA y de personas naturales. Es vital resaltar que en la propuesta del Gobierno ningún bien de primera necesidad está evidenciando un incremento en su tarifa estatutaria.
Frente a la renta de las personas naturales, se propone aplicar el principio de equidad tributaria con el fin de hacer el sistema más progresivo. De esta manera, entre mayor sea el ingreso, mayor es la contribución, y para niveles de ingresos similares se paga un impuesto similar. Adicionalmente, se simplifica la depuración de la renta eliminando una serie de exenciones que benefician a los hogares de mayores ingresos y las
reemplazamos por una renta exenta automática. Asimismo, continuamos fortaleciendo la lucha contra la evasión, por eso le permitiremos a las personas naturales deducir hasta el 10% de su ingreso por el uso de la factura electrónica.
Otros impuestos dirigidos a las personas naturales son el impuesto temporal a la riqueza para patrimonios superiores a $5mil millones; el fortalecimiento del impuesto a los dividendos y un impuesto temporal solidario para ingresos mensuales de más de $10 millones.
Para las personas jurídicas se fortalece la estructura del impuesto para facilitar el crecimiento y la inversión de las micro y pequeñas empresas. Adicionalmente, se plantea una eliminación de una serie de beneficios tributarios que tienen las empresas con el fin de incentivar la equidad tributaria.
En el proyecto se incorporan algunos impuestos verdes, esto con el ánimo de fomentar comportamientos y métodos de producción sostenible. Entre estos se resalta el impuesto al carbono, a los vehículos, plásticos de un solo uso, al consumo de plaguicidas y se creará el FonClima y el FonEnergía para mejorar la inversión y el gasto público.
Finalmente, se propone una serie de cambios a la actual Regla Fiscal, que permita un ajuste más ordenado, que persiga objetivos orientados a reducir la deuda pública y que no ponga en riesgo la reactivación del país. Asimismo, se propone un fortalecimiento de la independencia del comité de expertos en esta materia, en aras de robustecer la institucionalidad de la política fiscal.
“En estos días se vendrá una serie de debates muy importantes, en donde se requiere la participación de toda la sociedad. Los realizaremos con espíritu constructivo, porque todos estamos en la misma sintonía de querer que el país supere esta crisis, sea solidario con quienes más lo necesitan y deje unas finanzas públicas sanas y sostenibles para los gobiernos venideros”, expresó Carrasquilla Barrera.
D.A.
