Ayer fue presentada por el Gobierno Nacional la nueva propuesta de Reforma Tributaria que será llevada al Congreso de la República el 20 de julio en búsqueda de su aprobación.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue el encargado de explicar lo que llama el Proyecto de Inversión Social, que busca recaudar $15,2 billones. La iniciativa pretende, mediante un articulado corto, proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas.
Restrepo reconoció que no se enajenará activos de la Nación para la financiación de la reforma tributaria.
“Esto no está contemplado en la iniciativa, la venta de bienes. Lo que hemos dicho es que vamos a tener un ejercicio de optimización del valor de activos. Como ustedes saben, el proceso de ISA – Ecopetrol, hace parte de esa optimización de activos de la Nación. Así seguiremos haciéndolo con algunos otros activos, como incautaciones a la mafia, entre otros asuntos”, señaló.
Busca también una mayor inversión social a través de la extensión de programas como Ingreso Solidario y Subsidio a la Nómina (PAEF), que irían hasta 2022 y diciembre de 2021, respectivamente.
La extensión del PAEF para el segundo semestre de este año, apoyaría a cerca de 459.000 empleados, a través de un esquema que incentiva la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años y del resto de la población con ingresos de hasta 3 salarios mínimos.
El ministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo señaló: “Focalizaremos el programa en las pequeñas empresas e incluiremos personas naturales con negocios que empleen mínimo a dos personas”, aseguró Restrepo, quien dijo que para este nuevo ciclo se prevé que se postulen 55.000 empleadores que corresponden a 400.000 empleados.
En materia de educación, la propuesta contempla mayores recursos para brindar matrícula cero a 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y continuaremos brindando estímulos y mejores condiciones a los usuarios de crédito educativo de Icetex.
Los programas sociales vigentes, llegarán a más de 25 millones de colombianos que se verán beneficiados. La inversión total en materia social sería de $8,8 billones en 2021 y $8 billones en 2022.
No tocará a la clase media
Restrepo aseguró que “El articulado propuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tocará a la clase media”, y explicó que la iniciativa que se presentará al legislativo incluye un aporte solidario en renta del 35% por parte de las grandes empresas del país, a partir del 2022. Con esto, agregó, no se compromete la competitividad del país, ya que esta tarifa es menor a la de 2018 (37%).
También establece un descuento del 50% del ICA en el impuesto de renta, un proceso de normalización tributaria para 2022 y una extensión de la sobretasa de renta al sector financiero hasta 2025.
Según el Ministro, todas estas medidas permitirán un recaudo aproximado de $11 billones. Así las cosas, el Proyecto de Inversión Social es el resultado de consensos, que permitirán “darle la mano a los más vulnerables, lograr estabilidad fiscal y contribuir al crecimiento económico del país”, concluyó el funcionario.
Austeridad en el gasto
Con el pan de austeridad propuesto, se generarían ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio.
La iniciativa presenta una restricción desde el 2023 de los gastos de personal, sin afectar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Adicionalmente, solo se permitirá la adquisición de bienes y servicios esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos.
Las transferencias a cargo de la nación se reducirán anualmente, sin afectar las de rango constitucional, como seguridad social, universidades públicas y pago de sentencias, entre otras.
Y se contempla el control de los contratos de prestación de servicios y nóminas paralelas.
Control a la evasión
Es la apuesta a uno de los planes anti evasión más ambiciosos que haya tenido el país, con esfuerzos por $2,7 billones.
Se otorgan facultades para que la Dian emita factura compulsiva o sugerida.
Contempla la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), para identificar a los dueños o beneficiarios de las empresas para que cumplan con sus obligaciones.
Plantea un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados y de otro lado, permite facturar el impuesto de renta con base en información de la factura electrónica e información reportada por terceros, facilitando así el recaudo.
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D.A.
