Andrés Velasco, presidente de Asofondos, en diálogo con Mañanas Blu, ha emitido una contundente alerta sobre las consecuencias del Decreto 1485 del 31 de diciembre, el cual modifica la fórmula para el cálculo de las pensiones en Colombia.
Según Velasco, esta medida, tomada tras un aumento significativo del salario mínimo, traslada la carga financiera del Estado directamente a los hombros de los trabajadores, alejando la posibilidad de jubilación para millones de ciudadanos.
El costo de pensionarse aumenta radicalmente
Hasta finales del año pasado, un trabajador en el régimen de ahorro individual necesitaba acumular aproximadamente 350 millones de pesos para adquirir una renta vitalicia de un salario mínimo.
Sin embargo, bajo las nuevas reglas y el efecto del incremento salarial, esa cifra se ha disparado.
Velasco explica que ahora se requerirán cerca de 550 millones de pesos para el mismo fin: un incremento de 200 millones que surge de la combinación del aumento salarial y la decisión del Gobierno de no compensar los efectos de dicha subida sobre las pensiones.
Este cambio implica que el “sueño de la pensión” para cerca de 20 millones de afiliados en fondos privados se ha vuelto mucho más costoso y difícil de alcanzar. Para quienes no logren este capital, el panorama se inclina hacia la devolución de saldos, a menos que cumplan con los requisitos de semanas y edad para acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.
Una década más de trabajo para los colombianos
La consecuencia más directa para el ciudadano de a pie es el tiempo. Velasco estima que, para cubrir ese nuevo faltante de capital, un trabajador promedio tendría que laborar al menos una década adicional.
“El cambio de esa fórmula implica que a los colombianos los alejamos de la pensión por lo menos una década”, afirmó el directivo, señalando que esta decisión no fue concertada en mesas técnicas con los sectores afectados.
Riesgos en el seguro previsional y sostenibilidad fiscal
El decreto no solo afecta la jubilación por vejez, sino también los seguros de invalidez y sobrevivencia.
La ley establece que el costo de estos seguros no debe superar el 3% de la cotización; sin embargo, con los nuevos cálculos, este costo podría subir al 3.2%, quedando por encima de lo legalmente permitido.
Esto genera un vacío donde los trabajadores podrían quedar desprotegidos ante accidentes o fallecimientos si el Gobierno no diseña un mecanismo de compensación.
