En un esfuerzo por mitigar la creciente violencia vinculada al narcotráfico y las bandas criminales, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció hoy que aproximadamente 1,500 reclusos extranjeros, en su mayoría colombianos, peruanos y venezolanos, serán expulsados del país. La medida se centrará en aquellos que tienen sentencias ejecutoriadas de cinco años o más por delitos graves.
Según el censo penitenciario de 2022, Ecuador alberga a 3,245 reclusos extranjeros, representando el 10% de la población carcelaria total, que asciende a 31,321 personas. De este grupo, 2,900 son hombres. La Cancillería ya ha iniciado conversaciones con los homólogos de Colombia, Perú y Venezuela, ya que más del 80% de los reclusos afectados provienen de estos países.
El presidente Noboa destacó la necesidad de esta medida para aliviar la presión en el sistema penitenciario y combatir la violencia en las cárceles ecuatorianas, que han sido escenario de varias masacres relacionadas con el crimen organizado desde febrero de 2021, con más de 460 reclusos muertos.
En su declaración, Noboa también anticipó la elaboración de una consulta popular que incluirá hasta 14 preguntas, abordando temas como el ámbito de acción de las fuerzas armadas, una reforma al sistema judicial y asuntos laborales.
En cuanto a la posibilidad de extraditar a ecuatorianos, el mandatario señaló que está evaluando incluir esta propuesta en la consulta popular. Además, el gobierno planea construir al menos seis cárceles de “mega máxima” y “máxima” seguridad para controlar a los reclusos más peligrosos, mientras se exploran opciones de prisiones flotantes en barcos.
Esta iniciativa responde a la situación crítica en las cárceles ecuatorianas, que se han convertido en centros de operaciones del narcotráfico, generando disputas entre bandas criminales por el control de las instalaciones. Con la expulsión de estos reclusos extranjeros, el gobierno busca fortalecer las medidas de seguridad y abordar los desafíos asociados al crimen organizado en el país.
