El Gobierno de Estados Unidos revocó oficialmente el beneficio de exención de impuestos a los diplomáticos colombianos acreditados en su territorio, alegando que Colombia no ha cumplido con los principios de reciprocidad establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Según una nota diplomática enviada hace cuatro días a la Embajada de Colombia en Washington, el Departamento de Estado informó que, a partir del próximo 16 de junio, los funcionarios diplomáticos y consulares colombianos deberán asumir los impuestos locales como cualquier ciudadano o residente, incluidos los tributos sobre ventas, servicios y bienes importados.
Hasta ahora, el personal diplomático colombiano estaba exento del pago de impuestos en Estados Unidos, lo que representaba un ahorro significativo para ellos y sus familias. Este beneficio se hacía efectivo mediante tarjetas expedidas por la Oficina de Misiones Extranjeras (OFM), que debían ser presentadas en el momento de la compra para aplicar el descuento correspondiente.
Sin embargo, el Departamento de Estado argumentó que, pese a que la legislación colombiana contempla el mismo tipo de beneficios para diplomáticos extranjeros, en la práctica estos se ven obstaculizados por múltiples trámites burocráticos, lo que ha generado reiteradas quejas por parte de misiones extranjeras acreditadas en Bogotá.
El pasado 30 de abril, Estados Unidos solicitó formalmente al Gobierno colombiano la simplificación de estos procesos, sin obtener respuesta hasta la fecha. La falta de acción por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habría precipitado la decisión estadounidense.
La medida implica que todos los diplomáticos colombianos, incluidos el embajador Daniel García-Peña y su equipo, deberán devolver sus tarjetas de exención antes del 16 de junio, fecha a partir de la cual dejarán de estar vigentes.
Esta decisión podría tensar las relaciones diplomáticas entre ambos países y pone en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de reciprocidad vigentes, así como la eficiencia de los procedimientos administrativos en Colombia frente a compromisos internacionales.
