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El controvertido contrato de chatarrización firmado por la Alcaldía de Medellín

Un millonario contrato en la Alcaldía de Medellín, esta vez para la chatarrización de cerca de 6.400 vehículos, entre motocicletas y carros, ha generado denuncias sobre supuestas irregularidades y hasta presuntas pérdidas por más de $30 mil millones para el Estado.

Con un proceso de selección abreviado adjudicado el pasado 22 abril, se busca la desintegración de vehículos que han sido inmovilizados por diferentes razones en la ciudad de Medellín y que cumplieron varias características para ser chatarrizados.

En este tipo de actividades participan las empresas interesadas en comprar los vehículos que, luego de desintegrarlos, son vendidos como la chatarra y otros elementos como metales y plásticos.

De acuerdo con el mercado en Colombia, aunque varía constantemente, el precio de la chatarra ronda los $1.000 por kilo.

La particularidad del contrato adjudicado por la Alcaldía de Medellín es que el contratista que ganó, además de ser también uno de los que hizo parte de los estudios de mercado al enviar una cotización, finalmente resultó ganador y pagará $98 por kilo de chatarra.

Alberto Rojo es el representante legal de la firma ‘Merl SAS’ que también participo en el proceso, pero fue descalificada porque, según el Comité encargado de revisar los requisitos técnicos, no cumplió con los requerimientos.

Lo que dice es que cuando la Alcaldía de Medellín reciba los $98 por cada kilo de chatarra, en comparación con los $1.000 que puede costar en el mercado, estará perdiendo dinero.

Rojo asegura que, “hay un detrimento patrimonial para la secretaría de movilidad y la Alcaldía de Medellín que está por encima de los 40 mil millones de pesos”.

Otra irregularidad, según el mismo denunciante, es que entre las condiciones técnicas para adjudicar el contrato no solo se pidió maquinaria que no se usa en el proceso de chatarrización, sino que además la firma que ganó el contrato no cuenta con este tipo de elementos

“Ellos dentro del pliego técnico establecen una serie de equipos que no son legales dentro del proceso de desintegración y que ellos insisten en la eficiencia operativa la cual no está representada ni siquiera en las normas de desintegración y no hay ningún estudio técnico, nacional o internacional que avale ese concepto técnico de la entidad”, agrega el representante de Merl SAS.

¿Qué dicen los representantes de la firma que ganó?

Rafael Naranjo es el representante de la empresa “Naranjo Recycling” que hace parte de la Unión Temporal a la que se le adjudicó el contrato. Argumenta por un lado que las condiciones en los contratos de chatarrización son diferentes y por eso los costos varían incluso con cifras bajas, como es este caso.

Naranjo señala que en un proceso anterior en la ciudad de Cali hizo un convenio hace varios años y no le cobraron nada e incluso que “hay muchas secretarías de movilidad que pagan por el servicio”.

En cuanto a la maquinaria que se solicitó y que certificó para ganar en el proceso, se ratifica en que cumple con las condiciones que son básicamente compactar y cortar los carros.

“Esta máquina prensa y cizalla al mismo tiempo, lo que pasa es que la cualidad de ella más grande es que cizalla el metal, por ejemplo, usted le mete un carro, un vehículo y ella lo va picando y lo va compactando”, agrega el representante de Naranjo Recycling.

 

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