Este martes el Fiscal radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una solicitud de medidas cautelares a su favor y de su núcleo familiar, con el fin de que se le garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad.
De acuerdo con el ente acusador, la solicitud incluye la garantía de las condiciones de seguridad necesarias para continuar desarrollando con autonomía e independencia sus funciones como Fiscal hasta la terminación de su periodo, el próximo 12 de febrero 2024, sin ser objeto de actos de intimidación, hostigamiento o amenazas, así como cuando termine su ejercicio en el cargo.
Fundamentos medidas cautelares
Según indica el ente investigador en su misiva, la solicitud se hizo por los “hechos de relevancia y gravedad que se han venido presentando como la existencia de un plan para atentar en contra del Fiscal , Francisco Barbosa, por parte del Grupo Armado Organizado al margen de la Ley Ejercito de Liberación Nacional (ELN), el cual fue desestimado por el Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, a pesar de existir tres fuentes de carácter oficial que dan cuenta de esta información”.
Adicionalmente, la Fiscalía agregó que “la campaña de criminalización en contra del Fiscal Barbosa, materializada en más de 100 denuncias temerarias entre otros hechos por sedición, “traición a la patria”, abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares como las llamadas autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo”
Es importante recordar que fue el propio Fiscal General de la Nación quien se negó a levantar las órdenes de captura contra miembros de este grupo armado ilegal por considerar que la solicitud elevada por el Gobierno Nacional no se ajustaba a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
Asimismo, señalaron que las “campañas de desprestigio en redes sociales en contra del Fiscal General de la Nación por parte de sectores sociales y políticos del Estado, que a través de cuestionamientos buscan obstaculizar e impedir el ejercicio autónomo e independiente del ente investigador y acusador. Estos hechos se han materializado en agresiones institucionales, como manifestaciones que terminan en actos de vandalismo contra los bienes públicos de la entidad. Por último, el aumento del nivel de amenaza y riesgo del Fiscal General de Colombia, como consecuencia del ejercicio autónomo e independiente de la función constitucional a su cargo, sin que exista la suficiencia de medidas que garanticen la protección a sus derechos fundamentales y los de su grupo familiar”.
Denuncia
El pasado 8 de julio, la Fiscalía denunció que el Eln supuestamente planeaba asesinar al jefe de esa entidad, Francisco Barbosa, en un operativo gestado desde Venezuela.
“Tres fuentes de información (…) señalaron que se realizará un atentado terrorista contra el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa”, indicó el ente investigador en un comunicado.
De acuerdo con la Fiscalía, la alerta la emitieron “en temporalidades distintas” miembros de inteligencia de las Fuerzas Militares y dos de sus oficinas especializadas en organizaciones criminales.
El supuesto ataque contra Barbosa habría sido planeado en suelo venezolano, de acuerdo con la denuncia.
“Según la información de estas fuentes, en el pasado mes de julio se llevó a cabo una reunión en Venezuela entre cinco altos mandos del Eln. En dicho país se estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores“, agrega el texto.
El presidente Gustavo Petro recibió al fiscal Barbosa en Casa de Nariño para analizar las denuncias del posible atentado, en las que se concluyó que el Gobierno prestará toda la protección al jefe del ente investigador.
Por su parte, el la delegación del Eln ha reiterado en varias oportunidades que la información es falsa y que solo busca atentar contra los diálogos de paz, que van por el cuatro ciclo en Venezuela.
