El uso que el presidente Gustavo Petro le da a su cuenta de X (antes Twitter) volvió a pasar de la arena del debate digital a los estrados judiciales. Esta vez, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes formalizó la apertura de una investigación disciplinaria en su contra por presunta intervención indebida en política.
La decisión, impulsada tras la evaluación de la congresista Gloria Elena Arizabaleta Corral, califica de manera provisional estas publicaciones como una “falta gravísima”. El caso pone nuevamente sobre la mesa la delgada línea entre la libertad de expresión de un mandatario y los límites constitucionales que le prohíben participar en contiendas electorales o partidistas.
La ruta de las pruebas: ¿De quién es la cuenta @petrogustavo?
Para determinar el alcance de la responsabilidad del Jefe de Estado, la Comisión ordenó una serie de pruebas técnicas que buscan resolver tres preguntas clave:
¿Quién maneja la cuenta?: Se ordenó identificar qué personas específicas tienen acceso, claves y facultades para publicar en el perfil oficial del mandatario.
¿Hubo servidores públicos involucrados?: El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía verificará si funcionarios del Gobierno participaron en la redacción, diseño o difusión de los mensajes bajo la lupa.
¿Es un canal institucional?: El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) deberá certificar si la cuenta personal del presidente funciona legalmente como un canal oficial de comunicación del Estado.
Un panorama cada vez más complejo en el Congreso
Esta nueva investigación disciplinaria no llega en un momento cualquiera. Se suma a la presión jurídica que ya soporta el mandatario en la misma Comisión de Acusación, donde apenas el pasado 20 de mayo se abrió una indagación previa por la presunta financiación irregular de su campaña.
Cabe recordar que ese otro proceso se reactivó tras las polémicas declaraciones de alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda ‘La Inmaculada’, quien aseguró haber inyectado dineros a la campaña presidencial a través de Juan Fernando Petro, hermano del mandatario.
Con este nuevo expediente, el Gobierno enfrenta un doble desafío en el Congreso: defender la legitimidad de sus votos en el pasado y justificar el uso de sus redes sociales en el presente.
