En las últimas semanas, el empresario de espectáculos Ricardo Leyva ha sido protagonista de múltiples polémicas y señalamientos que han suscitado cuestionamientos sobre el avance de las investigaciones en su contra y el silencio de la Fiscalía General de la Nación.
El más reciente episodio estalló este domingo, cuando se conoció una denuncia en la que Leyva habría utilizado fotografías y videos íntimos de una mujer para ejercer presunto chantaje. Se trata de material que, según una grabación revelada por Cambio, el empresario admitió conservar y mostrar a terceros con el fin de perjudicar al entonces esposo de la mujer, a quien consideraba su enemigo. La denuncia reposa en la Fiscalía desde 2021, pero hasta hoy no se conocen avances.
Un historial de denuncias
Este caso se suma a las acusaciones por violencia física y psicológica presentadas por su exesposa, Karen Santos, quien afirmó haber sufrido agresiones constantes, humillaciones, amenazas con armas blancas y un control psicológico prolongado durante los cinco años de matrimonio. Su testimonio, revelado semanas atrás, generó gran impacto en la opinión pública.
A la controversia se agrega el contrato de leasing habitacional de una lujosa mansión en Puerto Colombia que, según se conoció, Leyva habría cedido a Armando Benedetti. En ese inmueble se realizó un allanamiento el pasado 11 de noviembre, ordenado por la Corte Suprema. Pocos días después de esa cesión, la empresa del empresario —Ave Fénix Entretenimiento S.A.S.— recibió un contrato cercano a los $8.000 millones por parte de RTVC para organizar un evento cultural en la cumbre de la CELAC en Santa Marta.
Denuncias estancadas
Pese al cúmulo de señalamientos, la Fiscalía no ha emitido pronunciamientos de fondo sobre los procesos que involucran a Leyva. Esto contrasta con los recientes movimientos del ente acusador en otros casos de alto impacto que, tras meses de quietud, comenzaron a mostrar avances en las últimas dos semanas.
Es lo que ha generado una pregunta central: ¿a qué se debe el silencio en el caso de Ricardo Leyva?
Fallas estructurales y falta de capacidad operativa
Según el abogado penalista César Augusto Vargas, el estancamiento no sería excepcional, sino parte de un problema estructural de la justicia en Colombia. Explica que, en promedio, un fiscal debe atender alrededor de 1.200 procesos, lo que hace prácticamente imposible avanzar con celeridad en todos los expedientes, especialmente en aquellos que no tienen alta exposición mediática.
“En Colombia cualquier investigación se demora muchísimo tiempo, salvo que sea un caso de renombre”, afirma. Agrega que la lentitud también responde al déficit de personal en las dependencias de Policía Judicial encargadas de la recolección y análisis del material probatorio.
En delitos como violencia intrafamiliar —uno de los que enfrenta Leyva— el tiempo promedio para avances significativos puede tardar hasta dos años, señala Vargas.
Investigaciones en curso
La Fiscalía ha abierto dos líneas de investigación relacionadas con el empresario:
Una indagación preliminar sobre la cesión de la vivienda en Puerto Colombia a Armando Benedetti, para determinar si hubo conductas de carácter penal.
Una investigación por la denuncia de su exesposa, Karen Santos, por presunta violencia física y psicológica.
No obstante, hasta el momento no se han registrado avances sustanciales públicamente conocidos.
A la espera de respuestas
Mientras las investigaciones permanecen en un limbo, las denuncias y revelaciones continúan acumulándose alrededor de la figura de Ricardo Leyva, aumentando la presión sobre la Fiscalía para ofrecer claridad sobre el estado de los procesos y explicar por qué, a pesar de la gravedad de los señalamientos, no se observan resultados.
