En su más reciente informe, la FLIP aseguró que las agresiones a periodistas son provenientes de distintos grupos armados como el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN, el Estado Mayor Central y disidencias de las Farc, entre las que están la Segunda Marquetalia y Comandos de Frontera.
En 17 de los 32 departamentos de Colombia, la libertad de prensa se encuentra amenazada. Grupos armados ilegales han desatado una oleada de intimidaciones, persecuciones y amenazas dirigidas a periodistas locales, con el objetivo de controlar la información difundida por los medios de comunicación. A menos de un mes de las elecciones, se han documentado 69 agresiones perpetradas por organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN, el Estado Mayor Central y disidencias de las Farc.
Estos grupos operan invadiendo los espacios físicos y digitales de los periodistas. Además, citan a reuniones con la intención de dictar qué pueden o no cubrir, e incluso ingresan a las sedes de los medios. La violencia se centra especialmente en directores, editores, reporteros y locutores, sobre todo cuando informan sobre las actividades delictivas de estos grupos en el territorio, abarcando temas de seguridad, orden público, hechos judiciales y campañas electorales.
Para estos grupos armados ilegales, la información sobre sus acciones es de vital importancia, sobre todo cuando algunos de ellos inician procesos de negociación con el Gobierno. Pretenden mostrar su presencia territorial y demostrar su capacidad de acción, por lo que recurren a la intimidación de los periodistas, lo que hace cada vez más difícil su trabajo, especialmente en zonas donde el control del territorio está en disputa.
La violencia está privando a las comunidades de su acceso a información local. Como resultado de las amenazas, presiones y hostigamientos de estos grupos, los medios locales han cancelado espacios informativos, y periodistas han limitado o suspendido la cobertura de temas críticos. Incluso, algunos periodistas han tenido que abandonar sus lugares de residencia por temor a represalias.
Esta situación tiene un impacto tanto a nivel individual como colectivo. A nivel individual, pone en riesgo la integridad física y emocional de los periodistas. A nivel colectivo, afecta el proceso democrático, ya que impide que las personas tengan información sobre las campañas electorales y, por ende, ejerzan su derecho al voto de manera informada.
En algunos casos, la presión y las amenazas de grupos ilegales han sido tan intensas que han tenido un efecto paralizante sobre el colectivo de periodistas. En el municipio de Tuluá, por ejemplo, bandas criminales como ‘La Oficina’ y ‘Los Cancerberos’ han amenazado a al menos diez periodistas en los últimos cuatro meses, lo que ha llevado al cierre de importantes espacios noticiosos y a la cobertura parcial de las elecciones. La ciudadanía tulueña también se ha visto afectada al perder acceso a información electoral y sobre candidatos al Concejo y la Alcaldía.
La situación se replica en todo el país, afectando a las Emisoras de Paz, cuyos comunicadores han enfrentado presiones y amenazas directas desde julio por parte de grupos ilegales. El miedo no solo ha permeado a los periodistas afectados, sino también a quienes trabajan en el mismo campo y entienden que también corren riesgos.
La Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 030 de 2023, emitida el 22 de agosto, advirtió que la población de periodistas se encuentra en riesgo en el contexto de las elecciones regionales. Señaló que departamentos como Arauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Putumayo presentan un alto riesgo electoral, donde la violencia contra la prensa está en aumento.
En este contexto, la prevención y atención adecuada de la violencia contra los periodistas por parte del Estado colombiano son fundamentales para garantizar el buen desarrollo del proceso electoral. La diversidad de medios es esencial para que la ciudadanía tenga acceso a múltiples fuentes de información, opiniones e ideas que fortalezcan el sistema democrático. La lucha por la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas se convierte en una batalla esencial para el futuro de la democracia en Colombia.
