Por: Yasher Bolívar Pérez
Un nuevo capítulo de controversia sacude al fútbol profesional colombiano. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa superior a los 8.000 millones de pesos a la Dimayor y a cinco clubes —Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado y Atlético Fútbol Club— por incurrir en prácticas anticompetitivas. Según la entidad, los equipos implementaron durante años un sistema de vetos para impedir la libre contratación de futbolistas que buscaban cambiar de institución, restringiendo así la movilidad laboral dentro del deporte.
La investigación reveló que los clubes, con el conocimiento y aval de la Dimayor, mantenían un intercambio informal de información sobre jugadores, como sanciones internas o detalles contractuales, lo que se conocía internamente como el “pacto de caballeros”. Este mecanismo, aunque disfrazado de acuerdo ético, operaba en la práctica como un instrumento de exclusión y castigo hacia los deportistas que reclamaban sus derechos o exigían mejores condiciones.
Con la sanción, la SIC busca marcar un precedente en la defensa de la competencia y la transparencia dentro del fútbol colombiano, un sector históricamente opaco en materia de contratación y gobernanza. Hasta el momento, ni la Dimayor ni los clubes implicados han emitido declaraciones públicas, pero el golpe reputacional y económico podría obligar a una revisión profunda de las prácticas administrativas que, por años, vulneraron la libertad profesional de los jugadores.
