Un nuevo caso de presunta corrupción sacude al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Siete exfuncionarios de la entidad fueron judicializados por su posible participación en irregularidades en contratos destinados a la alimentación de población vulnerable en el departamento de La Guajira.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación revelan un presunto entramado que habría permitido el direccionamiento de contratos y la apropiación indebida de recursos dirigidos a la atención de la primera infancia y mujeres gestantes en municipios como Riohacha y Manaure.
Según el material probatorio, los hechos se remontan a tres contratos firmados entre febrero y diciembre de 2019, en los cuales los implicados habrían aprobado pagos con sobrecostos a favor de una asociación privada. Para ello, presuntamente utilizaron documentos con incrementos injustificados en el valor de las raciones alimentarias.
El ente acusador indicó que estas maniobras habrían generado un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos. Entre las irregularidades detectadas se encuentran cobros inflados por alimentos como carnes, verduras y otros productos perecederos.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Administración Pública imputó a los procesados delitos como peculado por apropiación agravado, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, entre otros.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la contratación de programas sociales en regiones vulnerables del país y reabre el debate sobre los controles en el manejo de recursos destinados a la atención de comunidades étnicas y rurales.
