El secuestro de varios miembros del Ejército Nacional y la Policía de Colombia en los departamentos de Cauca, Nariño y Arauca ha generado una ola de indignación en el país. Autoridades y organizaciones exigieron su liberación inmediata, señalando que estos hechos constituyen actos de violencia extrema que violan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Los uniformados fueron retenidos en condiciones de total indefensión por estructuras del ELN y las disidencias de las FARC, al mando de alias “Mordisco”, en lo que el Gobierno calificó como una escalada de agresiones contra la Fuerza Pública.
“Estos héroes fueron secuestrados sin posibilidad de defensa. Su cautiverio demuestra el desprecio de los grupos criminales por la vida y la dignidad humana”, señalaron fuentes oficiales.
Desde distintos sectores del país se hizo un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para que intervenga y exija la liberación de los retenidos.
“¡Libérenlos ya! Colombia los espera, sus familias los necesitan y la Fuerza Pública seguirá firme hasta derrotar a quienes siembran miedo y dolor”, enfatiza el pronunciamiento.
El secuestro de miembros de la Fuerza Pública ha reavivado el debate sobre los límites de los procesos de paz y los riesgos que enfrentan los uniformados en zonas bajo influencia de grupos armados que aún mantienen prácticas de terrorismo y presión armada sobre la población civil.
