La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para el diseño e implementación del “Sistema de Validación Nacional”. La exfuncionaria está acusada de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos oficiales.
La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, señala que Urrutia violó el Decreto 1622 de 2022, que regulaba el proceso de contratación para la creación del sistema que permitiría vincular las boletas de los hinchas de fútbol con sus documentos de identidad, con el fin de verificar antecedentes y hacer cumplir las restricciones de derecho de admisión en los estadios. Según la Fiscalía, en lugar de realizar un proceso de selección abierto, como lo exigía la ley, Urrutia optó por adjudicar el contrato de manera directa, violando los principios de transparencia y concurrencia.
El contrato, que se fijó en 4.950 millones de pesos, fue entregado sin justificar debidamente la decisión de no convocar una licitación pública. Además, se conoció que la exministra intentó, en dos ocasiones, utilizar intermediarios para adjudicar el contrato, imponiendo condiciones que favorecían a una empresa particular con la que ya se habría acordado desde el principio.
Según indicó la Fiscalía, el proceso de selección del contratista debió ser abierto y garantizar la concurrencia de oferentes, pero la exministra optó por seleccionar al contratista de manera directa.
Además, Urrutia buscó en dos ocasiones a intermediarios para adjudicar el contrato, pero los condicionó a subcontratar a una empresa particular, con la que se habría acordado desde el inicio que se quedaría con el proyecto.
Los elementos de prueba revelan que la exministra desoyó las advertencias realizadas por su equipo técnico y jurídico sobre las irregularidades durante el proceso de contratación. A pesar de estas alertas, firmó un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022.
Del mismo modo, se estableció que se incluyeron avales de funcionarios que no participaron en la estructuración de las condiciones ni en la selección del beneficiario.
También se comprobó que no se justificó la razón por la cual se contrató de manera directa, eludiendo la obligación de convocar una licitación pública.
Cabe resaltar que el Decreto 1622 de 2022 habilitó a Urrutia para contratar el ‘Diseño e implementación del sistema de validación nacional’, pero, en cambio, se contrató un objeto completamente diferente: “el análisis de la implementación del sistema”.
