El investigador y docente de la Universidad del Norte, Luis Trejos, aseguró que la compleja situación de seguridad en el Atlántico refleja un fortalecimiento del control territorial de las bandas criminales y planteó dudas sobre el futuro de las mesas de negociación impulsadas por el Gobierno Nacional.
Durante una entrevista en Atlántico en Noticias, el experto en conflicto armado y violencia urbana señaló que actualmente existen al menos 11 estructuras criminales disputándose las rentas ilegales en el departamento, mientras que solo dos organizaciones participan en conversaciones con el Ejecutivo: ‘Los Costeños’, liderados por alias ‘Castor’, y ‘Los Pepes’, bajo el mando de Digno Palomino.
Trejos advirtió que esta situación podría favorecer a grupos más pequeños que buscan ganar espacio criminal aprovechando el escenario de negociación de las principales bandas.
“Faltando tres meses para que termine el Gobierno, hay una percepción de que la mesa de negociación espera un resultado electoral”, afirmó el investigador, quien además cuestionó que actualmente no exista un marco jurídico claro para regular el sometimiento de estas estructuras ilegales.
Según explicó, lo más prudente sería que el actual Gobierno deje avances y acuerdos preliminares para que sea la próxima administración la que decida si mantiene o no la continuidad de estas conversaciones dentro de su estrategia de seguridad y paz.
El académico también alertó sobre el fuerte control territorial que ejercen estas organizaciones criminales, especialmente en municipios como Soledad, donde recientemente se denunció la retención de decenas de motocarros por parte de bandas dedicadas a la extorsión.
De acuerdo con una denuncia del concejal Brayan Orozco, grupos delincuenciales habrían retenido al menos 35 motocarros por supuestos retrasos en pagos extorsivos semanales y estarían exigiendo hasta dos millones de pesos para devolverlos.
Para Trejos, estos hechos evidencian cómo las estructuras criminales han consolidado un poder que desafía abiertamente a las autoridades locales.
“El crimen organizado sobrepasó a las autoridades locales”, sostuvo el investigador, aunque aclaró que la problemática no puede atribuirse únicamente a alcaldías y Policía.
En ese sentido, afirmó que existe un problema estructural de impunidad debido a la congestión en el sistema judicial, señalando que jueces y fiscales no tienen capacidad suficiente para procesar el volumen de capturas y casos relacionados con criminalidad.
El experto recordó además una cifra revelada recientemente por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien aseguró que nueve de cada diez personas capturadas por porte ilegal de armas en el Atlántico recuperan rápidamente su libertad.
