La Fiscalía demostró que Eva Katherine Carrascal Cantillo, como superintendente delegada, obtuvo pagos por $700’000.000. En ese sentido, deberá cumplir pena de 6 años y 8 meses de prisión; y no podrá volver a ejercer cargos públicos.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia un entramado de corrupción, en el que funcionarios y particulares se apropiaron de recursos públicos de la salud.
De las actividades ilícitas hizo parte Eva Katherine Carrascal Cantillo, quien se desempeñó como superintendente delegada para la Supervisión Institucional en la Superintendencia Nacional de Salud, entre 2016 y 2018. La investigación demostró que usó el cargo y la información privilegiada que conocía para incidir en decisiones administrativas, a cambio de dádivas.
En ese sentido, le anticipó al representante legal de una Empresa Prestadora de Salud (EPS) los requisitos y exigencias que se tendrían en cuenta durante una inspección y vigilancia que se iba realizar contra la entidad, ante la crisis financiera que atravesaba y la hacía inviable.
De otra parte, asesoró y brindó información a cajas de compensación familiar e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para que elaboraran y presentaran planes de mejoramiento y de reorganización, de tal manera que superaran el examen de la Supersalud. Además, se estableció que agilizó los trámites de pagos a las EPS y otras entidades territoriales vigiladas.
En la etapa de juicio, la Fiscalía indicó que, por todas estas irregularidades, la exfuncionaria recibió $700’000.000. Una parte del dinero fue utilizado para la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.
Ante la contundencia de las pruebas aportadas y la aceptación de cargos a través de un preacuerdo firmado de manera voluntaria por la señora Carrascal Cantillo, un juez penal del circuito de Bogotá la declaró responsable de los delitos de: concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad en documento privado, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.
En ese sentido, fue condenada a 6 años, 8 meses y un día de prisión; a pagar multa de $795´000.000; además de una inhabilidad vitalicia para el ejercicio de cargos públicos. Ante esta decisión de primera instancia proceden los recursos de ley.
